Memoria Política y resistencia. Mujeres chilenas en dictadura 1973

Juan Carlos Cáceres

Resumen:

La dictadura pinochetista se constituyó como un sistema de opresión del que revelarse era necesario, la imposibilidad para organizarse políticamente generó las condiciones objetivas para que emergieran otras formas de organización. Las mujeres populares de oposición resistieron al régimen influenciadas, en gran medida, por su memoria organizativa. Este trabajo es un intento por identificar los componentes históricos que estructuraron esa lucha y si el proyecto hegemónico de la dictadura influye en cuestionamiento de la condición subordinada de mujer en nuestro país.

Palabras Claves: clase, dictadura, mujeres, opresión, organización.

Abstract:

The Pinochet dictatorship was established as a system of oppression that reveal was necessary, the inability to organize politically created the objective conditions for the emergence of other forms of organization. Popular women who opposed Pinochet resisted the regime influenced by its organizational memory, this work is an attempt to identify historical components that structured their struggle and determine whether the hegemonic project of the dictatorship influences questioning of women’s subordinate status in our country.

Key Words: Class, dictatorship, oppression, organization, women.

 Josefina Balbontin Zolezzi. Licenciada en Historia, Universidad de Viña del Mar.

 

El golpe de estado de septiembre de 1973 no fue un hecho aislado, por el contrario fue parte de una serie de golpes de Estado en América Latina en el contexto de guerra fría. La particularidad del quiebre institucional en nuestro país, es que Chile se convirtió en el conejillo de indias del proyecto hegemónico neoliberal. La dictadura pinochetista, liberal en lo económico y conservadora en lo social, pretendía la erradicación de la cultura marxista y retornar a una sociedad jerarquizada, ordenada y obediente. Esta cosmovisión se impuso a través del terror, la prohibición de ejercer los derechos de libre expresión, asociación, reunión y libertad de prensa bajo la amenaza latente de la detención, desaparición, tortura y muerte. A pesar de esto y del riesgo que significaba oponerse a los mandatos dictatoriales, numerosas personas se organizaron para luchar contra la tiranía, entre ellas grupos de mujeres se levantaron y lucharon creando agrupaciones que dieran solución a sus problemáticas inmediatas, organizaciones de subsistencia, de derechos humanos, políticas y feministas.

Las mujeres son el grupo subalterno del sistema patriarcal, desde el mundo clásico los hombres han sido soberanos de lo público y han gestionado las normas sociales para el “optimo” funcionamiento de éste, cuestión que convenientemente  relegó a las mujeres al mundo privado atribuyéndoles la responsabilidad exclusiva de la reproducción social. (Arendt, 2009) Con la revolución industrial y las nuevas tecnologías asociadas al proceso productivo, la mujer se incorporó al trabajo asalariado. La máquina desvalorizó el trabajo masculino porque la fuerza física ya no era fundamental para el trabajo fabril y porque la fuerza de trabajo masculina era muchísimo más cara que la de mujeres y niños situación que empobreció aún más a la familia obrera.  El nuevo rol que las mujeres asumieron no las liberó de la esclavitud del trabajo doméstico, sino por el contrario, les sumo una nueva dinámica de opresión (dependencia de manufactura, bajos sueldos, incompatibilidad con la maternidad, nula legislación laboral, etc.)  (Toledo, 2009).

Este escenario en Chile se extendió desde la primera república hasta aproximadamente 1925 periodo en el cual las mujeres populares del norte salitrero y de las grandes ciudades de nuestro país se organizaron para denunciar y combatir los efectos del liberalismo económico, la influencia de la iglesia y el orden social, (Salazar, 1992) sentando los precedentes históricos que sustentan la forma de hacer política de las mujeres del pueblo de nuestro país quienes se organizaron para solucionar sus problemáticas particulares prescindiendo del Estado, auto educándose, solucionando los problemas de vivienda, salud e higiene, organizando talleres productivos, ollas comunes, tomas de terreno, etc.

Durante la década de 1960 y principios de 1970 se experimentó una democratización acelerada del sistema político y económico en el país. Este fenómeno se materializó para las mujeres en diversas áreas, se incorporaron masivamente al sistema educacional, secundario y universitario; por otro lado, las mujeres populares lograron diversas reivindicaciones en materia laboral, la ampliación del fuero maternal de un mes a un año, permiso remunerado de pre y post natal, guarderías y comedores infantiles. En cuanto a los derechos reproductivos, las mujeres podían optar al dispositivo intrauterino, la píldora y el aborto inducido y terapéutico gracias al financiamiento estatal (Power, 2008).

Desde 1962 la democracia cristiana asumió la tarea de incentivar la participación política y económica de la ciudadanía a través de los centros comunitarios, para esto creó la Consejería Nacional de Promoción Popular, una de las medidas de la consejería fue reestructurar los “centros de madres techo” quitándole su impronta religiosa y netamente productiva para transformarlas en agrupaciones de formación social, capacitando técnica y organizacionalmente a las mujeres populares para que pudiesen realizar actividades remuneradas y contribuir en la economía de su hogar. Los centros de madres contaron con amplia popularidad desde su creación hasta 1973, pero durante la unidad popular su crecimiento fue explosivo, en 1969 habían  6.702 centros inscritos, en 1973 20.000 con cerca de un millón de socias.

Hasta 1973 y a pesar del contexto de movilización social y de la gran influencia de los partidos de izquierda, parte mayoritaria de la población votante femenina tenía una  tendencia política marcada de centro derecha. En las elecciones presidenciales de 1970 el 68% de las mujeres chilenas se sentían representada por los ideales conservadores de la elite.  (Power, 2008).  Este fenómeno no ha de sorprender si consideramos que los partidos conservadores ligados a la iglesia desde fines del siglo XIX se relacionan con las mujeres populares solucionando problemas cotidianos de higiene, alimentación y salud a través de la práctica de la caridad. Por otro lado la derecha tenía (y tiene) un discurso moralizante que se inmiscuye en el mundo privado de la ciudadanía, cuestión que a las mujeres daba más seguridad que la revolución anhelada por los partidos de izquierda. Las izquierdas tradicionales asumen que las mujeres, al ser parte de los medios de producción, tienen los mismos problemas que los hombres de su clase, sin notar que la mujer padece dinámicas de opresión particulares y por lo tanto, demandas específicas que relegaron en un segundo orden en pro de la revolución y la lucha de clases,  desentendiéndose del 52% de mujeres no asalariadas sujetas al trabajo no remunerado de reproducción social en 1970 (Valdés T. 1992).

El gobierno constitucional de Salvador Allende fue derrocado por los militares quienes en confabulación con dirigentes de la Democracia Cristiana, partidos políticos de derecha, empresarios y el gobierno de los Estados Unidos organizaron la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, para generar una crisis social, económica y política que justificara el quiebre institucional. El 11 de septiembre de 1973, se produce el  golpe de estado que da paso a una dictadura cívico militar que transformó al país económico, social, cultural y políticamente. Los años de lucha por reivindicaciones sociales y democratización de la esfera política se vinieron abajo y el gobierno retornó a las manos de las élites conservadoras librecambistas. Pero la transformación del Estado se logró pagando un precio de sangre; tortura, represión y desaparición de personas, identidades y comunidades. El régimen se impuso de la mano de la ortodoxia neoliberal de los Chicago Boys, convirtiendo al país en un experimento económico cuyas consecuencias nefastas se arrastran hasta nuestros días.

El neoliberalismo agudizó las desigualdades sociales, los sectores populares entonces no sufrieron sólo el terror de la dictadura militar, también se les colgó al cuello la  desesperación de la pobreza, el trabajo desvalorizado, precario e inestable. Este contexto se tradujo en la triple opresión para las mujeres del pueblo, dictadura militar, pobreza y género. (Valdés T. 1993).

Instituciones y mecanismos de control de la mujer en dictadura

Institucionalidad

Un proyecto hegemónico para ser exitoso en su afán de generar un nuevo sentido común impone cánones intelectuales, morales y requiere de una institucionalidad que esté constantemente reafirmándolos. La dictadura militar, se dio la tarea de erradicar del país toda expresión de soberanía popular, ya que suponía que ellas eran producto de la construcción ideológica marxista. Siguiendo el ideal portaliano de orden, reestructuró y creó instituciones que propagaran y reprodujeran su ideología.

El régimen autoritario considera que el marxismo trajo como consecuencia una crisis moral que se ponía de manifiesto particularmente en las mujeres por lo que  pretende volver al sistema conservador de asignación de roles y vuelve a encasillar a la mujer en su rol madre-esposa.  En congruencia con esta lógica, las fuerzas armadas cambiaron el accionar político de la mujer, el CEMA y la Secretaría Nacional de la Mujer pasan a ser el brazo ideológico de la dictadura, para adoctrinar a las mujeres populares y potenciar su alienación bajo la dirección de Lucía Hiriart y de las esposas de los integrantes de la junta de gobierno[1].

La Fundación Graciela Letelier de Ibáñez “CEMA-Chile pasó a ser una institución apolítica perdiendo el carácter democrático y popular que tuvo en sus orígenes. El objetivo del CEMA-Chile era “la organización, coordinación y ejecución de actividades tendientes a proporcionar un mayor bien estar material y espiritual a las familias chilenas, especialmente en lo referente al niño, a la mujer y al hogar de escasos recursos” (Pinochet, 1974: 361). El Estado debía preparar a las mujeres para incorporarse masivamente al mundo laboral manteniendo su rol tradicional.

La institucionalización del voluntariado femenino y los recursos destinados a la capacitación y mantención de los centros de madres no eran producto exclusivo de la concepción de mujer y de la pretensión del régimen a volver a una estructura social tradicional, sino que forma parte de un complejo entramado de control y validación social. Las mujeres que participaban en los centros eran obligadas a participar en actos políticos a favor de la dictadura, las voluntarias eran controladas y calificadas por sus vicepresidentas, las vicepresidentas a su vez eran generalmente mujeres relacionadas con las fuerzas armadas o antiguas integrantes del P.F[2], que lograban escalar socialmente por su trabajo voluntario, así, no ha de sorprender que la reestructuración de los Centros de Madres provocara la deserción de muchísimas mujeres, Según Teresa Valdés, en 1974 existían 200.000 centros con más de 1.000.000 de socias. En 1988 las cifras caen drásticamente a 9.837 centros con 202.835 socias.

La Secretaría Nacional de la Mujer fue reestructurada y pasó a estar presidida por la primera dama de la nación Lucía Hiriart. Tenía el propósito expreso de incorporar a la mujer en la recuperación económica del país a través de la buena administración de los recursos familiares en el hogar. Augusto Pinochet se refiere la Secretaria en su recuento anual de 1976, en él específica  su objetivo principal era

Difundir los valores patrios y familiares, para formar en la mujer una conciencia nacional y una correcta comprensión de la dignidad e importancia de su misión como transmisora de los valores culturales, sociales y morales. (pág. 91)  y añade Fundamentalmente, la tarea de la Secretaría consiste en capacitar a la mujer y, a través de ella, a la familia especialmente en lo que se refiere a valores patrios y familiares, por medio de seminarios, cursos y charlas (pág. 115).

Para ello realizaba cursos de Educación Familiar, Nutrición Aplicada, Administración del Hogar, Economía, Orientación cívica, Orientación Familiar, Educación al Consumidor, Alfabetización de Adultos, Educación en el hogar, Huertos Familiares, Salud y Capacitación General.

En 1979 en concordancia con la imposición del modelo neoliberal se reformularon los principios de la institución, ya no era sólo educarla  para ser una buena dueña de casa sino que también “Capacitarla, y a través de ella, a su familia, para lograr su plena incorporación al desarrollo social, económico y cultural de la nación” (Pinochet, 1980:127) es decir, la dictadura era consciente del rol de reproductora social de la mujer y de que era un eficaz mecanismo para validar el régimen.

La mujer ante la Ley

La edición del Código Civil de 1974 sitúa a la mujer en un papel secundario y en completa subordinación a su marido. En el artículo Nº 102 el matrimonio es definido un contrato solemne en el cual “un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente” (Codigo Civil, 1974) En el documento se enumeran una serie de derechos y deberes de los cónyuges en donde los derechos del hombre sobrepasan a los de la mujer.

Art. 131. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido debe protección a la mujer, y la mujer obediencia al marido. Art. 132. La potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. Art. 133. El marido tiene derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle a donde quiera que traslade su residencia. Cesa este derecho cuando su ejecución acarrea peligro inminente a la vida de la mujer. La mujer por su parte, tiene derecho a que el marido la reciba en su casa. (Codigo Civil, 1974:54)

Además, estipula deberes mutuos como el de cohabitación, fidelidad (la infidelidad femenina era considerada delito) socorro, asistencia y ayuda mutua. El hombre tiene el deber de a su mujer y esta de obedecer a su marido en todo, crianza de los hijos, administración de sus bienes, en la elección de su trabajo u oficio, etc.

El código penal establece delitos exclusivamente femeninos  cometidos por o contra ella, en un intento por resguardar los valores tradicionales de honorabilidad, familia y buenas costumbres, reconoce dos delitos de autoría femenina; el adulterio y el aborto, ambos con  pena de cárcel -el adulterio masculino no era penalizado- y en el caso de que el aborto se realizara para cuidar la honra de la mujer, la condena podía ser menor.

La dictadura intentó homologar el régimen dentro de las familias chilenas, la legislación está hecha pensando la familia con una cabeza, omnipotente, proveedor y responsable de la educación de los hijos, quien puede imponer su voluntad incluso con violencia (puesto que no existen leyes de violencia intrafamiliar) ya que el deber de la mujer es obedecer a su marido salvo, su vida corra riesgo. La legislación y la sociedad chilena no sólo sitúan a la mujer en un papel secundario, la somete a su marido, no le otorga espacios de libertad en el trabajo o de su cuerpo, ya que el marido tiene la facultad de intervenir en ellos a voluntad. La mujer en este contexto y analizando las condiciones objetivas, sería entonces la oprimida de los oprimidos.

Entonces ¿cuál es la importancia de la mujer para el régimen? La división sexual del trabajo hace de la mujer soberana del mundo privado, por lo tanto es un eficaz mecanismo de control social, de eliminación de vicios sociales y de reproducción de ideologías. Las mujeres populares fueron bombardeadas de propaganda a favor del régimen, en los centros de madres, consultorios y escuelas, propaganda que las llamaba a ser buenas madres, buenas esposas y buenas patriotas, las mamitas de Chile (Valdivia, 2010) tenían la responsabilidad de la reconstrucción moral de la nación y aquí es donde cobra sentido que la dictadura no eliminara las agrupaciones femeninas dependientes del Estado, sino más bien, que se apropiara de ellas y las utilizara como mecanismo de adoctrinamiento y de control social. Todas las instituciones femeninas, salvo la ESAFE,  tenían un carácter voluntario y asistencial, en donde las mujeres eran preparadas en una amplia variedad de actividades pero todas ellas relacionadas con el quehacer doméstico.

El neoliberalismo influye en la vida privada de la mujer y en la concepción de la misma. A pesar del conservadurismo dictatorial y los diversos mecanismos que utilizó para homogeneizar a las mujeres, éste no tuvo el poder o legitimidad para contrarrestar los efectos del libre mercado. En los ochentas las mujeres habían accedido al mundo laboral, formal o informal, habían aumentado las familias con  jefas de hogar,  en directa relación con el incremento de las nulidades y la masificación de tecnología para el trabajo doméstico (los electrodomésticos) lo que se tradujo en mayores espacios de libertad para las mujeres. Lo que significaba para las mujeres mayor independencia, para la dictadura el desbarajuste de la estructura familiar y  para la economía el surgimiento de un público objetivo fértil para nuevas inversiones extranjeras.

Otro aspecto de la influencia cultural del neoliberalismo, es que el cuerpo de la mujer comienza a considerarse un bien de consumo, pornografía, moteles, sex shop  y cafés con piernas, generaron una industria sexual que las mujeres también comenzaron a consumir. El conocido Mr. Chile de sábados gigantes, la moda y el surgimiento de revistas femeninas con contenido sexual, como  la revista Paula que cambió drásticamente su línea editorial,  en las que temas como el sexo prematrimonial, el uso de anticonceptivos, nulidades y testimonios de  infidelidad son  tomados con una naturalidad impensada pocos años antes.

La resistencia y organización en dictadura: Pobladoras, feministas y militantes

 Las mujeres en dictadura, eran el 5,7% de la población nacional, el 27,6 y 30,8% de la población económicamente activa entre 1976 y 1989 según la encuesta Nacional de Empleo, 1976-1990 del INE. Es necesario considerar que existe un subregistro en las estadísticas relativas al trabajo femenino ya que las encuestas no incorporan el empleo informal y la actividad rural, aun así el crecimiento de la población femenina económicamente activa creció en este período un 83%. (Valdés T. 1992).

La remuneración de las mujeres era considerablemente inferior a la de sus pares, en 1987  alcanzaba sólo el  70,8% del sueldo de un hombre, por otro lado, en el período se incrementa el número de nulidades y de madres solteras, en 1980 más del 40% de las familias populares tenían jefa de hogar, el subempleo de estas mujeres  dramático, el 80% de los empleados del POJH eran mujeres lo que aumentaba la marginalidad de ellas y sus familias. El desempleo afectó a las mujeres considerablemente, durante la dictadura la cesantía femenina fue superior a la de los hombres a excepción de 1982 en el momento de crisis.

La condición de la mujer en dictadura está, como siempre, ligada a su clase. La mujer popular sufría dinámicas específicas de opresión, no es novedoso decir que el régimen concentró sus medidas represivas en las poblaciones marginales con particular violencia, por lo que el terror que significaban los allanamientos y balaceras, fueron cotidianas durante los primeros años de la dictadura y esporádicos durante los 80. A eso se suma el paulatino empobrecimiento de la población producto de la imposición de la doctrina neoliberal.

En términos de represión con violencia física las mujeres fueron entre el 12,5% y el 19,3% de los detenidos[3], pero eso no quiere decir que la detención, tortura, desaparición y muerte, les afectara en menor medida, no olvidemos que  muchas de las esposas, madres, hijas, hermanas, parejas y amigas de ese otro 87,5% de los detenidos que se organizaron para resistir y combatir los estragos de la dictadura en sus vidas y en la de los que las rodean.

La organización femenina contra la dictadura surge como algo espontáneo, confiadas en que su condición de mujeres les daba una suerte de escudo protector y seguras de que era necesario que alguien organizara formas de resistencia como buscar a los detenidos, organizar las ollas comunes, ingresar a los compañeros y compañeras perseguidos a las embajadas.

Las agrupaciones de derechos humanos nacen de la mano de la represión, las mujeres movidas por la cercanía con los detenidos o por empatía se comenzaron a organizar en pro de la defensa de los derechos de sus seres queridos. “Estos hechos aunque no lo parezcan, están profundamente imbricados con el hacer política atribuido a las mujeres; a ellas les corresponde el apoyo, el llanto por las víctimas de la guerra, la cautela del orden, la glorificación del poder” (Kirkwood, 1983:7) pero estas mujeres fueron más allá del llanto y se organizaron políticamente, buscaron el apoyo de la COPACHI (Corporación para la Paz en Chile) para asesoría política y así surgieron varias organizaciones, la agrupación de familiares de presos políticos, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres Por la Vida, entre otros.

Las organizaciones de subsistencia existieron durante toda la dictadura, y se estructuraron bajo el alero de la Iglesia Católica. Comedores infantiles, bolsas de cesantes, talleres productivos y ollas comunes comenzaron a ser la única opción para apalear las duras condiciones de pobreza desde 1973.

Para Teresa Valdés los talleres productivos surgen gracias a la memoria organizativa de las mujeres que participaron en los antiguos CEMA la experiencia las  hacía  conscientes  de que podían capacitarse, generar productos (manualidades y artesanías) que luego podrían comercializar. El trabajo productivo se centraba en dos aéreas, el área de servicios (lavandería, reparación de vestuario, etc.) y la productiva (cerámica, juguetes, ropa y tejidos) Los talleres trabajaban en estricta relación con los comedores infantiles, los recursos se repartían entre estos y las casas de las mujeres que trabajaban. Lamentablemente la mantención de estos talleres fue dura, se enfrentaron a dificultades para conseguir recursos y para vender los productos. Hay que considerar que la crisis era generalizada y pocos podían comprar, lo que hizo que los talleres desaparecieran de 1979  a 1982, (Palestro, 1991) cuando reaparecen para apalear los efectos de la crisis de ese año.

La figura de la olla común es parte del imaginario popular, han sido parte de los procesos revolucionarios y de movilización desde principios de siglo, una expresión comunitaria de subsistencia que aparece en los tiempos de crisis. Durante la dictadura y gracias al trabajo de mujeres valientes de diversas militancias y el apoyo de instituciones no gubernamentales de la iglesia como la Vicaría de la Solidaridad, el Comité de Cooperación por la Paz, el MOMUPO (Movimiento de mujeres populares) y otros, quienes se ocupaban de abastecer las ollas comunes en las poblaciones, es que ésta fue una práctica que se mantuvo entre 1974 y 1989, y que alcanzaron su mayor nivel de cobertura entre 1975 y 1983, cuando los índices de cesantía eran más elevados.  (Valdés, 1993)

Por  las condiciones de vida de las mujeres en la dictadura, e influenciadas también por las corrientes internacionales principalmente norteamericanas, las mujeres comenzaron a preguntarse de la particularidad de su opresión, por lo que  desde finales de la década del 70 se comenzaron a articular una serie de organizaciones de pobladoras feministas que vale la pena rescatar, primero porque el feminismo no tenía un carácter estrictamente popular desde fines del movimiento obrero y porque a pesar de ser grupos minoritarios generaron una explosión de conciencia de género en las mujeres pobladoras, Tales como “Las Domitilas, Las Siemprevivas, el Frente de Liberación Femenina, que se proclamaba como organización feminista para obreras y pobladoras … el Movimiento de Mujeres Pobladoras (Momupo), el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (Codem) y Mujeres de Chile (Mudechi)” (Mires, 1993). En general, con el golpe de estado la dirigencia de los partidos políticos arrancaron del país, exiliados o autoexiliados aprovecharon, en su mayoría, la oportunidad de irse, dejando atrás a las bases de sus partidos, con excepción de las militancias revolucionarias que se quedaron o retornaron a la lucha contra la dictadura.

Un grupo de militantes y simpatizantes del Partido comunista, formaron una agrupación que luchaba por la vida y contra la dictadura, que aglutinaba a mujeres de clase media y pobladoras de diversas ideologías y religiones. En 1982 fundan el Mudechi (Mujeres de Chile) su accionar político era combativo, de agitación pública permanente y a propósito de los más variados motivos; contra las alzas en los supermercados, por las violaciones de los derechos humanos, conmemoraciones públicas del día internacional de la mujer, contra la dictadura, etc. También realizaban talleres de capacitación y de reflexión política, en los que discutían temas como el aborto, el uso de anticonceptivos, el cuidado de los hijos y cuestiones políticas como la ley de seguridad interior del estado o el triunfo de la dictadura en el plebiscito de 1980 (Valdés T. , 1993).

El Movimiento de Mujeres por el Socialismo (MMS) era un grupo heterogéneo en el que no sólo participaban socialistas sino que era un grupo antidictatorial en el que confluían mujeres pobladoras y de clase media, cuyo objetivo era “terminar con la dictadura y luchar en forma permanente ahora y en democracia, por la liberación de los derechos de la mujer y contra todo tipo de discriminación por razones de clase o sexo” (Palestro, 1991).

La lucha contra la dictadura y contra la opresión de género fue el motor de todas las agrupaciones femeninas de la época. Las manifestaciones públicas de repudio al régimen comenzaron en 1977 y 1978 cuando mujeres de la Agrupación de Familiares Detenidos Desparecidos realizan huelgas de hambre frente a la CEPAL, UNICEF y en distintas iglesias en Santiago, para exigir información acerca de sus familiares, cuestión que la mayoría no consigue hasta el día de hoy, pero lo que sí lograron, fue el reconocimiento de la existencia de detenidos desaparecidos por la comunidad internacional. Las mujeres del MOMUPO concurrían a ferias libres con sus mallas vacías, aplaudiendo y haciendo notar que no llevaban alimentos como una forma de denuncia a la carestía de vida. Pero las protestas pasaban más allá de lo simbólico, las mujeres del MUDECHI protestaban recurrentemente en las calles del centro de Santiago y en las poblaciones donde tenían grupos, con barricadas y canticos se enfrentaban con las fuerzas del régimen.

Las mujeres participaron activamente en la primera jornada de protesta popular convocada por la confederación de trabajadores del Cobre el 11 de mayo de 1983, en donde la represión fue brutal, durante y después de la movilización, según Sandra Palestro el peso de las movilizaciones lo llevaron las mujeres y los jóvenes principalmente. En el mismo año se hizo conocida la consigna “democracia en el País y en la casa” lienzo que las mujeres desplegaron en una manifestación en las escaleras de la biblioteca nacional, dejando claro el carácter de la lucha femenina. Desde 1983 en adelante:

la movilización de las mujeres ganó en calidad y cantidad. La creatividad y capacidad organizativa fueron características de su accionar, y la convocatoria iba interpretando con mayor certeza a las mujeres, aun a aquellas que no pertenecían a ninguna organización. El uso de la No Violencia Activa como método, el lenguaje simbólico y expresivo de los sentimientos involucrados le dio consistencia como forma de hacer política desde las mujeres, desde lo femenino. (Palestro, 1991:45)

Desde 1984 la conmemoración del día de la mujer el 8 de marzo comenzó a ser la inauguración del año de protestas, pero este avance y protagonismo no hubiese sido posible sin la constante interacción, trabajo, debate y reflexión entre los distintos movimientos de mujeres, la influencia de los movimientos feministas internacionales y la declaración del decenio de la mujer de las Naciones Unidas para la mujer y el desarrollo 1975 – 1985.

En 1988 se realizó un plebiscito para zanjar el destino del régimen militar y el movimiento de mujeres participó activamente en la campaña del NO. Ese mismo año se redactan “Las demandas de las mujeres a la democracia” documento que retrata la condición subordinada de la mujer  a lo largo de la historia, recalcando que la inclusión política institucional  de las mujeres era reciente, de tan solo 24 años (1949 – 1973) y que por lo tanto el estado democrático que se conformaría con el fin del régimen debía incluir a todos los sectores, lo que hacía necesario romper con la tradición patriarcal del estado republicano y formular un nuevo estado. La demanda principal era que el Estado democrático asegurara la igualdad entre hombres y mujeres, sus exigencias eran reformulación de la condición legal de la mujer, cambios en los planes de estudio, contenidos obligatorios y estructura educacional, reformas de salud y laborales, igualdad salariales y  de oportunidades, protección a la maternidad, cambios en los regímenes conyugales, que el estado le brindara responsabilidades igualitarias a hombres y mujeres en la crianza de los hijos, etc. En el plano político, las mujeres exigían un 30% re representación en el gabinete y el 50% de las candidaturas a cargos públicos.

Evidentemente la dictadura pinochetista tuvo un proyecto ideológico concreto para las mujeres, no  negamos que el sistema de opresión simbólica y material que el régimen ejerció sobre las mujeres,  sobretodo de los sectores populares, generó un clima del que rebelarse era necesario. El régimen negaba la asociación política desde la perspectiva  patriarcal, por lo que otras formas de hacer política pasaban desapercibidas. La negación de ejercer políticas tradicionales, particularmente partidistas se transformó en un campo fértil de creación y expresión política femenina, de ahí su masividad y aceptación.

¿Qué pasó entonces con estas mujeres? ¿Quién escuchó sus demandas a la democracia? ¿Quién las recuerda? Lamentablemente la sociedad chilena tiene profundamente arraigada la lógica patriarcal, ni los políticos, ni los compañeros, ni los historiadores han comprendido lo profundo y significativo de su lucha ni la importancia de reformular el Estado para que incluya a todos los sujetos sociales, no sólo a las mujeres, sino que también  a los ancianos, niños, minorías étnicas y sexuales.

La “forma de hacer política” de las mujeres es opuesta a la de los hombres, no porque tengan atributos especiales que las obliguen a organizarse de otra forma, sino porque la tradición política femenina se ha construido en la periferia, en la indiferencia de la sociedad y del Estado, en una aparente sumisión que el reformismo institucional ha disfrazado de integración y que las ha empujado a construir nuevas formas de organización. Porque las mujeres en dictadura fueron revolucionarias, rompieron el muro que separaba lo privado de lo público dejaron sus casas o mejor dicho abrieron su mundo a la comunidad, qué más revolucionario que hacer político lo privado, utilizar el rol de madres, esposas e hijas para cubrir todo un entramado de conexiones, de resistencia, porque la olla común no sólo alimentaba miles de personas, la olla común, a nuestro entender recuperaba el comunitarismo propio de los sectores populares. Las agrupaciones de derechos humanos no tenían un carácter individualista en que las mujeres buscaban sólo a sus familiares, ellos eran y son, un todo que lucha contra la injusticia y el olvido. Las académicas denunciando y creando, las militantes y revolucionarias luchando como sabían hacerlo, en la calle, la protesta, el miguelito, la bomba y el fusil y todo esto como una lucha conjunta. No podemos afirmar que existió un movimiento único de mujeres contra la dictadura, la heterogeneidad de agrupaciones no nos permite hacer una aseveración de ese tipo pero sí nos atrevemos a pensar en un movimiento unitario porque las mujeres de oposición entendieron que lo que primaba era la lucha contra la dictadura, no las particularidades o diferencias doctrinarias.

Notas

[1] Las principales instituciones que la dictadura utilizó para captar a la población femenina fueron la Escuela de Auxiliares Femeninos del EjércitoSecretaría Nacional de la Mujer,  Fundación Graciela Letelier de Ibáñez CEMA – Chile Comité Nacional de Navidad,  Corporación de Damas por la Defensa Nacional, Consejo Nacional de la Familia, entre otros.

[2] Poder femenino fue una agrupación femenina anti marxista, anti allendista que desde la elección de Salvador Allende, se organiza con el fin de terminar con el socialismo a la chilena.

[3] La gran mayoría de las detenidas sufrieron algún tipo de tortura sexual, de las 3.399 mujeres que declararon, casi todas expresaron haber sufrido vejámenes sexuales.

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