El voto femenino, el código civil y la dictadura franquista: el ningunero de la mujer en el ordenamiento jurídico español.

Resumen:
En el año 1931 se legaliza el voto femenino en España, si bien la situación jurídica de la mujer no era ni la más deseable ni la que se pretendió alcanzar. Tal situación no sólo se conservó sino que durante los años de la dictadura franquista, se empeoró. El Código Civil restringía la capacidad de la mujer, tanto en su minoría como mayoría de edad, establecía una total pérdida de capacidad jurídica y de obrar al contraer matrimonio, situando al esposo en el representante legal.

Palabras Clave: Sufragio, Discriminación, Constitución, Capacidad, Mayoría de edad.

Abstract:
In 1931 the women’s vote is legalized in Spain, although the legal status of women was not the most desirable or intended to achieve. This situation is not only preserved but over the years of the Franco dictatorship, worsened. The Civil Code restricted the ability of women, both in their minority and majority, provided a complete loss of legal capacity to contract marriage act, placing the husband’s legal representative.

Keywords: Suffrage, Discrimination, Constitution, Capacity, Legal age.

Ana Isabel Benito de los Mozos. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Grado por la Universidad Politécnica de Madrid, Experto Universitario en Mediación Familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca, Master en Educación y Prevención contra la violencia de género por la Universidad de Salamanca. abmozos@gmail.com

Introducción: Clara Campoamor Rodríguez[1], un olvido imperdonable.

Hace ya unas cuantas décadas, mis padres compraron una enciclopedia estupenda, el Monitor, con la idea de tenerla de consulta cuando mi hermano y yo comenzásemos a formarnos. Con el transcurso de los años se convirtió en una visita obligada para cualquier trabajo o consulta. En esta ocasión hice lo propio. Quería hacer un trabajo sobre la situación legal de las mujeres en el momento en que se consiguió el voto femenino, y rendir un tributo a la mujer que lo logró. Consulté en la maravillosa enciclopedia familiar[3], tomó 3, “CALM-COST”, llegué a las páginas donde se supone que debía estar CAMPOAMOR, Clara, y cuál no fue mi desilusión cuando sólo encontré CAMPOAMOR, Ramón. Era evidente, el tomo era muy anterior a 1975. No sé si realmente fue un descuido de los autores, o que la vida de algunas mujeres no parecía ser merecedora de aparecer en una enciclopedia. Más bien me inclinaría a pensar que fue aquel nihil ostat que aparecía en todos los libros del la época el que impidió que se recogiera aquella voz, pues era evidente que cumplía con todos los requisitos para ser borrada de la “Historia”: destacada mujer (y no precisamente por ser “virgen y mártir”), feminista, masona, republicana y de izquierdas, ¡qué más se podía pedir!

Triste, desconsolada y muy defraudada con la que había sido mi guía intelectual durante mi vida, tuve que optar por otras vías a fin de encontrar datos sobre la persona a la que las mujeres de este país debemos el que podamos acudir libremente a ejercer el derecho, y aunque parece que lo hayamos olvidado, también el deber de ciudadana, de acudir a votar cuando así se convoque. Busqué en libros sobre Historia de España, personajes, política, y no encontré ni rastro de Clara Campoamor. Me sentí llena de rabia, ya que en esos momentos tenía muy claro que la Historia que me habían enseñado no era Historia de la Humanidad, sino Historia de los hombres. Estaba enfurecida porque para algunos autores eran más importantes Lola Flores, Sara Montiel o Diestefano (sin, por supuesto, restar importancia a su papel y a su figura dentro de su profesión), que la persona que había luchado para que conseguir un derecho para más del sesenta por ciento de la población española. Afortunadamente las nuevas tecnologías posibilitan el acceso a cualquier información, y en internet pude encontrar la información que buscaba.

Estas circunstancias me llevaron a sentirme en deuda con ella, como ciudadana española demócrata. Mi egoísmo me condujo a hablar de ella: ofreciendo un pequeño tributo a su figura, dejaba mi conciencia tranquila.

Hacer un recorrido sobre su historia merecería no sólo un artículo específico, sino una tesis doctoral, puesto que todo lo que hizo merecería ser destacado[3]. De origen humilde, realizó varios trabajos hasta que aprobó unas oposiciones a correos, que le sirvieron para impartir docencia en una escuela para adultas. Incansable, superó los estudios de bachiller y posteriormente se licenció en Derecho. En 1928 participa en la fundación de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, junto con otras juristas de diferentes países. Igualmente, fue partícipe en la creación de a Liga Femenina Española por la Paz. Fue delegada española en la Sociedad de Naciones (precedente de la ONU)[4].

Una vez declarada la II República, como consecuencia de la aceptación del sufragio pasivo femenino[5] por la Asamblea Constituyente de la Segunda República Española, fue elegida diputada por Madrid para las Primeras Cortes, procedente de las filas del Partido Radical. Fue miembro de la comisión parlamentaria para la redacción del Proyecto de la Constitución. Sus aportaciones fueron fundamentales para las mujeres españolas, si bien tristemente, no fueron reconocidas ni valoradas hasta setenta y cinco años después[6].

El voto particular de Clara al originario artículo 25 de la Constitución del 31 condujo a su nueva redacción, en la que se recogía una plena igualdad de los derechos de todas las personas, y en ellas, las mujeres: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones o títulos nobiliarios” (artículo 25 de la Constitución Española de 1931).

Igualmente, en los debates de la comisión parlamentaria, se debatió la conveniencia o no de incluir en el articulado de la Constitución el sufragio activo femenino.

En la defensa de la realización política de la mujer sustenté el criterio de ser su incorporación una de las primeras necesidades del Régimen, que si aspiraba a variar la faz de España no podría lograrlo sin destruir el divorcio ideológico que el desprecio del hombre hacia la mujer, en cuanto no fueran íntimos esparcimientos o necesidades caseras, imprimía a las relaciones de los sexos. (Campoamor, 1931)[7]

Y acorde con el contenido del artículo 25, se introdujo el 36 en la Constitución de 1931: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes” (artículo 36, Constitución Española de 1931).

Precisamente fueron las siguientes elecciones, en las que votaron las féminas españolas, las que privaron a Clara Campoamor de su escaño.

Defendí en Cortes Constituyentes los derechos femeninos. Deber indeclinable de mujer que no puede traicionar a su sexo, si, como yo, se juzga capaz de actuación, a virtud de un sentimiento sencillo y de una idea clara que rechazan por igual: la hipótesis de constituir un ente excepcional, fenomenal; merecedor, por excepción entre las otras, de inmiscuirse en funciones privativas del varón, y el salvoconducto de la hetaira griega, a quien se perdonara cultura e intervención a cambio de mezclar el comercio del sexo con el espíritu. (Campoamor, 1931)

Lo que no espero ocurra es que se eleve una voz, una sola, de ese campo de la izquierda, de quien hube de sufrirlo todo, por ser el único que ideológicamente me interesa, y al que aún aislada sirvo; una sola persona que, por estímulos de ética, de mínima reparación, clame y confiese la verdad y proclame al menos que no fui la equivocada yo, sobre quien se han acumulado las pasiones y la injusticia». El voto femenino y yo. (Campoamor, 1931)

El Código Civil en 1931: La Mujer Española, una Muerta Civil

I

Con la tarea de buscar algún ejemplar de El derecho de la mujer en España (1936), La situación jurídica de la mujer española (1938) -lo que realmente me hubiese facilitado enormemente el trabajo-, me sumergí en el depósito de libros antiguos de mi amada Facultad de Derecho, con resultado infructuoso. Así, y ante la imposibilidad, comencé buscando todo tipo de comentarios al texto del Código Civil promulgado en 1889, y sobre las posibles reformas habidas hasta 1931, para conocer cual era realmente la situación jurídica de la mujer en España en el momento de la consecución del voto femenino, las posteriores desde 1939 a 1975, inicio y fin de la dictadura franquista. El panorama se presentó realmente desolador.

Parece que no habían cambiado mucho las cosas para las mujeres desde la Roma primitiva, no sólo hasta el siglo XIX, sino hasta bien entrado el siglo XX. Los romanos consideraban a sus mujeres como sujetos no plenamente capaces, del mismo modo que los sui iuris [8]. Y no teniendo capacidad, tampoco se les concedían derechos, sometidas a tutela perpetua, ya fuera del titular de la patria potestas[9], de la manus[10] del esposo, o bajo la guarda de un tutor. “Todo ello bajo el fundamento de la ligereza del juicio femenino, la debilidad del sexo y la ignorancia de las cosas del foro” (Gallego & Mozos 2000: 87-88). Lo cierto, es que casi dos mil años después la situación no había cambiado mucho para nuestras abuelas y hasta incluso algunas de nuestras madres.

La discriminación que existía a nivel social sobre la mujer, se había plasmado en el texto del Código Civil. Concretamente el artículo 320[11] recogía la primera diferencia real en la vida de una mujer con respecto a la vida de un hombre, coincidiendo con su evolución biológica. En su redacción original de 1889, el precepto señalaba que “La mayor edad empieza a los veintitrés años cumplidos. El mayor de edad es capaz de todos los actos de la vida civil, salvas las excepciones establecidas en casos especiales por este Código” (artículo 320 Código Civil, redacción original de 1889).

Algunas de esas excepciones quedaban recogidas en el artículo siguiente y que circunstancial o casualmente, sólo afectaban a las féminas. Ese 321 señalaba que,

A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, las hijas de familia mayores de edad, pero menores de veinticinco años, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre o de la madre en cuya compañía vivan, como no sea para tomar estado[12], o cuando el padre o la madre hayan contraído ulteriores bodas.

La exégesis del contenido del precepto se encontraba en la defensa a ultranza del recato femenino, como una de las características que definían a la mujer. La discriminación entre ambos sexos resultaba palmaria. El Código era preciso en cuanto a que los hombres españoles eran mayores de edad a todos los efectos al cumplir los veintitrés años. Por el contrario, las mujeres adquirían la mayoría de edad dos años después, hasta cumplir los veinticinco años, salvo que contrajesen matrimonio. Pero esto, tampoco mejoraba sus derechos civiles.

Entre las propias mujeres existía otra discriminación legal entre las “hijas de familia[13]” y las que no lo eran, esto es, las huérfanas. De modo que los hijos de familia varones y las huérfanas podían abandonar el domicilio sin licencia de los progenitores (quizá sólo del padre, y para las huérfanas es obvia la no procedencia de esa licencia). No obstante, las hijas de familia podrían marcharse si alguno de sus progenitores, viudo o viuda, volvían a casarse. Si bien no resultaba tan sencilla, pues sería el Juez competente quien aprobara esa salida del domicilio, con previo depósito de la joven en la casa de algún familiar, que con cierta antelación, había sido designado por alguno de aquellos.

Habría que esperar a 1943, al 13 de diciembre, promulgándose la Ley que redujo a veintiún años la edad para alcanzar la mayoría para todos los españoles, con el fin de unificar criterios en todo el territorio español con respecto a las legislaciones forales.

Las mujeres españolas tuvieron que esperar a 1972 para encontrar un verdadero cambio a la situación, ya en los umbrales del fin de la dictadura. La Ley 31/1972 de 22 de julio[14],  introdujo una nueva redacción a los artículos 320 y 321, de modo que el primero se ceñía a disminuir la edad para alcanzar la mayoría, y el segundo suprimió cualquier diferencia, al menos legal, entre hombres y mujeres, y en ellas, entre las hijas de familia y las huérfanas: “La mayor edad empieza a los 21 años cumplidos. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales de este Código” (artículo 320 del Código Civil, redacción introducida por Ley 31/1972). “Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento”.(artículo 321 del Código Civil, redacción introducida por Ley 31/1972).

Así las cosas, fallecido ya Franco, se aprueba el Real Decreto-Ley 33/1978, de 16 de noviembre, sobre mayoría de edad, que modificó varios preceptos del Código Civil[15], el Código de Comercio[16] y en el cuarto algunas Compilaciones Forales[17]. De modo que “La mayoría de edad empieza para todos los españoles a los dieciocho años cumplidos” (artículo 320 del Código Civil según la redacción dada por RDL 33/78).

Serán los artículos 12 y 14 de la Constitución de 1978 los que ratifiquen, por un lado, la plena igualdad de todos los españoles sin que quepa discriminación alguna por razón de sexo (artículo 14); y por otro, con respecto a la plena capacidad de todos los españoles mayores de edad, bajando su computo a los dieciocho años cumplidos (artículo 12).

El 13 de mayo de 1981, por Ley 11/1981, de modificación del Código Civil, en materia de Filiación, Patria Potestad y Régimen Económico del Matrimonio, se otorga una nueva redacción a todos los artículos referidos a la mayoría de edad y la emancipación. De modo que

La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento. (art. 315 CC).

El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código (art, 322 CC).

 II

Aunque el contenido de ese artículo 322 CC parezca obvio, lo cierto es que, dicha modificación se hacía más que necesaria. Hasta esa fecha, la situación legal de la mujer que contraía matrimonio era desoladora, por no decir demoledora. La discriminación existente no era en realidad, de forma explícita, por razón de su sexo, sino por razón de su estado civil, argumento que ayudó a ocultar lo que en realidad era una discriminación hacia las mujeres, en un intento de evitar su autonomía y perpetuar su sometimiento a algún hombre (esposo, padre, hermano, etc). El Código Civil español era heredero del Códe Napoleónico, y del mismo modo, consagraba al matrimonio como una organización, con un representante legal, el esposo, que será además el único administrador de la familia y de sus bienes, ostentando al tiempo la jefatura familiar[18]. Y sobre esta premisa de jefatura, uno de los pilares fundamentales sobre los que se asentaba el matrimonio era la obligación de obediencia de la mujer al marido, y este debía protegerla (Gallego & Mozos 2000: 92) [19], en un sentido similar a la regulación establecida para los menores de edad y la patria potestad, cambiándola por la potestad marital[20]. Y así lo ordenaba literalmente el artículo 57 del Código: “El marido debe proteger a la mujer, y esta obedecer al marido”[21].

Este precepto fue la sólida base de la “protección” e “institucionalización” de la violencia de género, y en caso de los hijos, de la violencia doméstica. ¿Cómo debía obedecer?. Y si no obedecía ¿Cuáles eran las consecuencias?. Parece que, de algún modo, el esposo que recriminaba de forma vejatoria o con castigo físico a su mujer, estaba amparado por el derecho o incluso la obligación de corregirla por no haber obedecido y no haber seguido las pautas del director de la familia.

Ese deber de obediencia llegaba hasta el extremo de considerar que la mujer casada carecía de derechos, al menos propios, de poder de decisión, y de capacidad jurídica y de obrar. El marido fijaba de forma unilateral el domicilio conyugal y familiar[22], de modo que si la esposa no le seguía, podría ser juzgada por abandono del hogar familiar. Salvo que mediara “justa causa”, que no era otra, más que si el marido si se iba a Ultramar[23], o a un país extranjero. Lo único que las podía liberar de seguir a su marido, siempre a discreción del Tribunal correspondiente, podía ser el estado de su salud, o que el marido hubiera sido condenado a destierro.

No conforme con dejar a la mujer sin unos mínimos derechos para su desarrollo como persona, relegándola a estar supeditada a todos los vaivenes y caprichos del esposo, y sin poder proyectar su vida a la esfera pública, el legislador decidió dejarla también sin el derecho a la propiedad privada. De modo que el artículo 59, en relación con el 1412 del Código Civil, convertía al marido en el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, salvo que se hubiesen realizado estipulaciones en contrario[24]. La sociedad de gananciales que generalmente conformaba el matrimonio habría de tener un administrador único, siendo su único representante legal. Pero la legislación y la realidad superaban cualquier expectativa, ya que esa administración y representación no sólo se limitaba a los bienes gananciales, sino a todos los que eras propiedad de cada uno de sus miembro, incluidos los privativos del marido, los dotales[25] y los parafernales[26] de la mujer. Sin olvidar los bienes de los hijos menores de edad.

Los bienes dotales, procedentes de la dote[27], eran entregados al marido, que además de administrarlos a su libre albedrío, esa su usufructuario. No obstante, se establecía una excepción a la supremacía del padre sobre la madre, teniendo ambos la misma obligación de dotar a sus hijas[28].  Con ello, las mujeres carecían de cualquier posibilidad de vivir de forma independiente, al no poder disponer si quiera de sus propios bienes, constituyendo, de algún modo, el matrimonio una condena a cadena perpetua con el esposo en todos los sentidos.

Había otra clara discriminación patrimonial, toda vez que los bienes del marido eran privativos, los de la mujer eran parafernales, o lo que es lo mismo, bienes fuera de la dote (para pherna). La mujer debía entregar dichos bienes al esposo ante Notario, con intención de que los administre[29]. Ella conservaba su dominio[30], pero la realidad legal era bien distinta. De modo que si la mujer casada no podía realizar ninguna actividad con relevancia jurídica sin la autorización marital, tampoco podría disponer de sus bienes parafernales sin esa autorización. Es más, los frutos y las rentas de los bienes parafernales eran gananciales, y en su consecuencia, los administraba el esposo.

El ordenamiento jurídico privaba a la mujer casada (no se aplicaba a las mujeres mayores de edad solteras o viudas) de capacidad legal y de obrar, de modo que, sin la licencia del marido no podía adquirir bienes o derechos por titulo oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley[31]. No podía aceptar una herencia o un legado, ni adquirir bienes ab intestato, ni abrir una cuenta en una entidad bancaria, aunque el dinero que fuese a ingresar fuera suyo. No tenía capacidad para firmar cualquier tipo de contrato. Y si conseguía que el esposo le diera permiso para trabajar fuera de su casa, en aquellos trabajos que admitían a mujeres casadas, ni siquiera el sueldo que ganaba le pertenecía. Recogiendo el propio Código la nulidad de dichos actos, salvo que fuesen ratificados por el esposo. Con la excepción de que la compra realizada por la mujer fuera de cosas que por su naturaleza estén destinadas al consumo ordinario de la familia. Lo que nuevamente limitaba el posible desarrollo de la personalidad de estas mujeres.[32]

Además, también se privaba a la mujer casada de legitimación activa y pasiva en los procesos judiciales[33], del mismo modo que con los menores de edad. El Artículo 60 reiteraba la representación legal del marido sobre la mujer. De modo que precisaba licencia  para comparecer en juicio por sí o por medio de procurador. Si bien eximía de la licencia en el caso de que la mujer tuviera que defenderse en juicio criminal, en los pleitos con su marido, o cuando hubiere obtenido habilitación para ello[34]. Siendo, sino nulo, al menos anulable, el acto procesal que no contase con la licencia del esposo. La acción para solicitar la nulidad de cualquier acto con trascendencia jurídica que hubiese realizado la esposa sin la preceptiva licencia marital correspondía al esposo, y en su caso a los herederos de éste, como presuntos perjudicados por la acción de la esposa de su padre (fuese o no su propia madre).

No obstante, el artículo 63 del Código Civil dejaba una pequeña parcela a la capacidad legal y de obrar de la mujer casada con respecto a actos personalísimos, como otorgar testamento, y obligaciones inherentes a la patria potestad con respecto a sus hijos propios, que no fuesen del esposo[35].

Además también se hacían extensivos a la esposa los honores de su marido, excepto los que fueren estricta y exclusivamente personales, y los conservaba incluso fallecido el marido mientras no contrajese nuevo matrimonio (art. 64 CC)[36].

Este, de modo más que resumido, fue el panorama con el que se encontraban las mujeres en la España de la dictadura franquista, nutrida de la más radical ideología nacional-católica, para plasmar un concepto de moralidad en las propias leyes, de modo que si la mujer era la que incitaba al pecado desde el origen, había que cortarlo de raíz, eliminando cualquier derecho que diera la más mínima libertad y poder a las mujeres.

Progresivamente se fue viendo alguna luz, pero sólo al final del túnel, unos meses antes de la muerte de Franco. El 2 de mayo de 1975 se promulgación de la Ley 14/1975, sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges. Otorga una nueva redacción a todos los artículos del Código Civil referidos al matrimonio y a la capacidad de la mujer casada, siendo el momento histórico en el que las mujeres españolas, y concretamente las casadas pudieron gozar de capacidad legal y de obrar sin la precisa licencia marital.

Pero no va a ser hasta 1981 cuando se proceda a la equiparación legal completa de sendos progenitores y cónyuges, eliminando de algún modo la institución del cabeza de familia, convirtiendo a la familia española en “bicéfala”.

Por un lado, la Ley 11/1981 de 13 de mayo, por la que se modificaba el Código en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Estableció la titularidad de la patria potestad de los hijos, compartida para ambos progenitores, Por otro lado, la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del Matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de Nulidad, Separación y Divorcio. La conocida, Ley del Divorcio. Esta norma ofreció un giro copernicano a la regulación matrimonial hasta esa fecha vigente, igualando, dentro del matrimonio a la mujer y el marido[37].

No obstante, el gran salto ya lo había dado la Constitución de 1978, al reconocer en su artículo 14 la plena igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y su artículo 32.1 al establecer que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Echando, así, por tierra, algunos de los pilares sobre los que se sostenía el totalitarismo franquista, instaurándose un sistema democrático e igualitario, teóricamente no sexista.

Todavía queda mucho por hacer para que esa igualdad legal que el ordenamiento jurídico español ha ido implantando progresivamente, sea una total y absoluta igualdad real. Por ello, no debemos dejar que la situación ni jurídica, ni menos la real, retroceda en el tiempo. Todos y cada uno de los días estamos avocados a luchar para conservar todos estos derechos que por ley natural corresponden a más de la mitad de la población mundial, puesto que parece que parte de ese otro porcentaje de población tiende a privarnos de ello. Y lo triste es que a veces lo consigue. Si conseguimos erradicar cualquier tipo de discriminación, lograremos acabar, en parte, con cualquier forma de violencia hacia las mujeres, que de algún modo institucionalizó el régimen franquista al relegar a la mujer de ciudadana a una mera posesión del hombre, y que ha quedado tan enraizada en la población de forma que todavía sigue habiendo algunos hombres que consideran a las mujeres de su propiedad, hasta el punto de vejarlas, maltratarlas y asesinarlas. Cortémoslo de raíz, y el mejor instrumento para ello, sin duda alguna, es la educación en igualdad.

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[1] “Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el Derecho Natural,  el Derecho fundamental que se basa en el respeto de todo ser humano,  y lo que hacéis es detentar un poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo….” Clara Campoamor. Discurso pronunciado el 1 de octubre de 1931 en el Congreso de Diputados. Datos obtenidos de la biografía publicada en Wikipedia, así como en la página que la web “Ciudad de Mujeres”,,

[2] “CALM-COST” (1966), en Enciclopedia Monitor , Pamplona. Editorial Salvat S.A.

[3] Su biografía puede ahora ser encontrada en muchas publicaciones, sobre todo a raíz de la celebración primero del 75 aniversario de la consagración del voto femenino en el año 2006, y posteriormente con el 80 aniversario en 2011.  En la red, Wikipedia recoge su biografía y resulta bastante completa la mostrada por la Web “Ciudad de mujeres”.

[4] Datos obtenidos de la biografía publicada en Wikipedia, así como en la página que la web “Ciudad de Mujeres”,, dedica a “mujeres en la política” y concretamente la dedicada a Clara Campoamor, Igualmente en la web “biografías y vidas”.

[5]Se reconoció el sufragio pasivo de las mujeres, pero no el activo, de forma que podían ser elegidas representantes políticos, pero no podían ser electoras.

[6] Op.cit 3.

[7] Campoamor Rodríguez, C. (1931), reeditado (2001) Mi pecado mortal: el voto femenino, Sevilla, Edita Instituto Andaluz de la Mujer.

[8] En Derecho Romano, eran sui iuris aquellos ciudadanos libres, que no estaban sometidos a la patria potestas correspondiente, por no terne ascendientes legítimos masculinos vivos, o en su caso, que el pater familias correspondiente lo hubiera liberado por emancipatio). En este sentido, los ciudadanos sui iuris podían decidir sobre sus propios actos, y eran titulares de todos los derechos públicos y privados (patria potestas, dominica potestas-poder sobre los esclavos-, manu maritalis y mancipium-poder sobre determinados delincuentes a fin de responder a las responsabilidades civiles derivadas de su actos-). (Fuenteseca Diaz, 1978)

[9] En Derecho Romano,  la Patria potestas se configuraba como el poder absoluto e indefinido que ostentaba el paterfamilias, no sólo sobre sus hijos, sino sobre todas las personas que integraban la familiae. (Fuenteseca Diaz, 1978)

[10] En Derecho Romano, consagraba la manu maritalis como la potestas que ostentaba el pater familias sobre su esposa, del mismo modo que a las hijas, o nietas. (Fuenteseca Diaz, 1978)

[11] Su texto coincide casi íntegramente con el del artículo 277 del Proyecto de Ley de 1851. Igualmente coincidía con el artículo 695 del Código Mexicano y con el 311 del de Colombia.

[12] STS 19 de febrero de 1901, el alto tribunal interpretó que el tomar estado únicamente se refería a casarse, no para poder ingresar en una orden religiosa. La reforma realizada por la Ley de 20 de diciembre de 1952 zanjó el problema, de modo que modifico el art, 312. Su Exposición de motivos nos indicaba las interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales de la originaria redacción del artículo 321, con respecto a la frase “tomar estado”. Esa expresión “tomar estado”, parece que sólo se estaba aplicando al “tomar estado de casada”, sin que se ampliase a la idea de “tomar los hábitos”, e ingresar en una institución religiosa, que de alguna manera también implicaba “tomar estado de casada”, pero esta vez no con un ser humano sino divino. La nueva redacción que se dio al 321 lo aclaró, porque se entendió que no era necesario prolongar la autoridad paterna, o materna, es su caso una vez la hija perteneciera a una comunidad religiosa.

[13] Según la actual acepción del Diccionario de la RAE, hijo/a de familia es el que está bajo la autoridad paterna o tutelar, y, por extensión, el mayor de edad que vive en casa de sus padres.

[14] Ley 31/1972, de 22 de julio, sobre modificación de los artículos 320 y 321 del Código Civil y derogación del número 3 del artículo 1.880 y de los artículos 1.901 a 1.909, inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. BOE 176/1972 de 24-07-1972.

[15] Artículo Segundo: Los arts. 19, 168, 278, 318, 320 y 323 del Código Civil, sustituyendo “veintiuno” por “dieciocho”, y “dieciocho” por “dieciséis”.

[16] Artículo Tercero: El art. 5º del Código de Comercio queda modificado en el sentido de sustituirse la palabra «veintiún» por «dieciocho».

[17] Artículo Cuarto: Los arts. 6º, 27 y 99, apartado uno, de la Ley 15/1967, de 18 de abril sobre Compilación del Derecho Civil de Aragón quedan modificados, sustituyendo la expresión «veintiún años», por «dieciocho años. Disposición Adicional Segunda: Para modificar la compilación del Derecho Civil Especial de Navarra o Fuero Nuevo de Navarra en el ámbito que le es propio, se procederá conforme a lo dispuesto en la disposición final primera de la Ley 1/1963, de 1 de marzo.

[18] El cabeza de familia, que se configuraba en dichos textos legales a modo del pater familiae romano.

[19] El Artículo 213 del Code señalaba que  “Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari”. En el proyecto de Ley de 1858, su artículo 58 había recogido la misma idea: “el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido”. GARCIA GOYENA justificaba este deber de obediencia como “un homenaje tributado al poder protector, y una consecuencia necesaria de la sociedad conyugal que no podría subsistir si uno de los cónyuges no estuviera subordinado al otro”. Del mismo modo se reflejaba esta idea en el artículo 47 de la Ley de Matrimonio Civil de 1870: “el marido debe tener en su compañía y proteger a su mujer”.

[20] Manu maritales, op. Cit nota 10.

[21] Encontramos sus precedentes en los artículo 47 y 48 de la Ley de Matrimonio Civil de 1870, la Ley 12, titulo 23, de la Partida 7ª, que señalaba que el marido como señor y cabeza de la mujer, es más fuerte y jefe de la sociedad conyugal, debe proteger y ser obedecido. Igualmente en la leyes 22, párrafo octavo, titulo 3º, libro 24, y en la ley 2, titulo 10, libro 47 del Digesto.

[22] Artículo 58: “la mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia. Los Tribunales, sin embargo, podrán con justa causa eximirla de esta obligación cuando el marido traslade su residencia a Ultramar o a país extranjero.”Artículo 59 del Proyecto de 1851, y artículo 48 de la Ley de Matrimonio Civil.

[23] Entendemos  que en el momento de la promulgación del Código Civil, Ultramar sólo lo constituían Cuba y Filipinas.

[24] El texto coincide con el de los artículos 45 y 46 de la Ley de Matrimonio Civil. Tiene su antecedente en la Pragmática de Felipe IV, de 11 de febrero de 1763, así como en la ley 7ª, titulo 2º, libro 10 de la Novísima Recopilación: “porque en todo se ayude á la multiplicación y á la felicidad y frecuencia del estado de matrimonio”

[25] Artículo 1336 del Código Civil en la redacción original “la dote se compone de los bienes y derechos que en este concepto la mujer aporta la matrimonio al tiempo de contraerlo y de los que durante él adquiera por donación, herencia o legado con el carácter dotal.

[26] Artículo 1381 del Código Civil en la redacción original “son parafernales los bienes que la mujer aporta al matrimonio, sin incluirlos en la dote, y los que adquiere después de constituida ésta, sin agregarlos a ella”.

[27] Los redactores del Código entendieron que el fundamento de la existencia de la dote estaba, a parte de las obligaciones inherentes a la patria potestad y en los vínculos familiares, en la idea del honor familiar. La Historia, las leyes y la sociedad en general habían hecho que las mujeres de la familia fueran depositarias de su honor, y por su puesto, una joven con una buena dote era muy honorable (por no decir honesta con todas las consecuencias que su significado conlleva). De hecho podía dotarla el propio marido antes del matrimonio, pero no después. No obstante, piénsese que la mujer difícilmente iba a trabajar fuera del hogar, y a parte de su trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, las contribuciones económicas iba a ser escasas o más bien nulas (salvo los frutos, rentas y demás intereses que produjeran sus bienes parafernales), por lo que la dote se otorgaba para el levantamiento de las cargas y gastos domésticos. Por ello, el artículo 1341 cuantificaba la dote en la mitad de la presunta legitima que le pudiera corresponder a la hija, eximiendo a sus progenitores de la obligación si ella tuviera bienes estimados en esa cuantía, y si no la alcanzasen, sólo tendrían que dotarla en lo que faltase para completar tal valor.

[28] 1340 del Código Civil señalaba que el padre o la madre, o el que de ellos viviese, están obligados a dotar a sus hijas legitimas, fuera del caso en que, necesitando éstas el consentimiento de aquellos para contraer matrimonio con arreglo a la ley, se casen sin obtenerlo, reforzando más de lo que ya estaba, la autoridad paterna. Pero tal equiparación sólo se establece en cuanto a la obligación de dotar, ya que el artículo 1343 detraía de los bienes gananciales la dote si la obligación era sólo del marido, esto es, que la hija era únicamente suya y no de su mujer. Y si era sólo la esposa quien tenía la obligación, o lo que es lo mismo, que la hija fuera sólo suya, no soportaban la dote los gananciales, sino sus bienes propios (entendemos que los parafernales).

[29] Artículo 1384 del Código Civil en su original redacción.

[30] Artículo 1382 CC en su redacción original

[31] Artículo 61 CC, artículo 49 de la Ley de Matrimonio Civil. Ley 54 de las Leyes de Toro.

[32] Se puede consultar en torno al tema el sobre el derecho de propiedad de las mujeres, Velásquez Toro, M. (2002). Las mujeres y la propiedad. Sólo en el Siglo XX se reconocieron sus derechos. Revista Credencial de Historia. Bogotá. Edición 149. Número de mayo.

[33] Recoge la consideración romana de la mujer como imbecilitas sexus, incapaz de gobernarse a sí misma,

[34] Artículos 45 a 53 de la Ley de Matrimonio Civil. Como precedentes las Leyes 55, 56 y 58 de las Leyes de Toro.

[35] Artículo 63: “Podrá la mujer sin licencia de su marido: 1º Otorgar testamento. 2º Ejercer los derechos y cumplir los deberes que le correspondan respecto a los hijos legítimos o naturales reconocidos que hubiere tenido de otro, y respecto a los bienes de los mismos.” Artículo 53 de la Ley de Matrimonio Civil. Ley 13ª, titulo 1º, Partida 6ª.

[36] El fundamento de este precepto podría encontrarse en la repulsa de las consecuencias de los matrimonios morganáticos, pero únicamente con respecto a la mujer. Efectivamente, si por matrimonio morganático, en general, entendemos como aquel que se contrae con una persona de inferior condición social, quedando tanto el contrayente como la prole, excluidos de los títulos o dignidades civiles; esto sólo se aplicaba a la mujer. Por un lado, le suponía una ventaja con respecto a los hombres que casaban con mujeres de mejor condición que ellos, ya que ella si seguía la misma condición que el marido, pero aquellos no. Recogido en la Partida segunda, en su ley séptima, titulo 2º “magüer la muger fuese de vil linaje, si casase con Rey, débenla llamar Reina, é si con Conde, Condesa; é aun despues que fuese muerto su marido, la llamarán así, si non casase con otro de menor guisa. Ca las honras é las dignidades de los maridos, han las mugeres por razon de ellos”.

[37] La ley 13/2005, de 1 de julio por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, introdujo la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo, sustituyendo las alusiones al marido y la mujer por “los cónyuges”, y las expresiones de padres o madres por “progenitores”.

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