Violencia sexual como tortura: aportes desde las organizaciones de la sociedad civil al proceso de justicia transicional en Chile

Resumen:

El uso generalizado y sistemático de la violencia sexual como método de tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres que se ha mantenida oculta y silenciada. En la primera parte del artículo se abordan aquellos factores sociales y culturales que naturalizan e invisibilizan esta expresión de la violencia contra las mujeres. En la segunda parte, se detalla el rol de las organizaciones feministas y de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia para este tipo de crímenes. Por último, el artículo se refiere a la situación actual de violencia sexual y tortura en el país, enfatizando en los desafíos pendientes para garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.[1]

Palabras clave: Tortura, Violencia sexual, Mujeres, Dictadura cívico-militar

Abstract:

The widespread and systematic use of sexual violence as a method of torture during the civil-military dictatorship in Chile is a serious violation of women’s human rights that has been kept hidden and silenced. In the first part of the article I address the social and cultural factors that naturalize and make invisible that form of violence against women. In the second part, I explain the role of feminist and human rights organizations in the pursuit of truth and justice for these crimes. Finally, I describe the current situation of sexual violence and torture in Chile, emphasizing the challenges to ensure non-repetition of the gross human rights violations.

Mariela Infante Erazo. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica, Diplomada en Género y Cultura y Diplomada en Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y candidata a Magíster en Metodología de Investigación Social de la Universidad Diego Portales. Actualmente es investigadora de Corporación Humanas y coordinadora del trabajo de incidencia internacional de la institución ante los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, encargada de  coordinar la elaboración y presentación de numerosos informes alternativos ante Comités. minfante@humanas.cl

 

Violencia sexual como tortura

El artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, define la tortura como:

“todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.” (Naciones Unidas, 1984:1)

La violencia sexual es una forma particular de tortura, consistente en castigar infringiendo sufrimiento a otro ser humano, mayoritariamente mujeres, atacando su sexualidad.

La violencia sexual va más allá de la violación. Incluye toda aquella violencia física y psicológica cometida por medios sexuales o dirigida contra la sexualidad de las personas (Amnistía Internacional, 2011).

La violencia sexual significa la violación de la autonomía sexual y, desde el derecho internacional, a partir de la definición del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en el año 1998, abarca distintos tipos de agresiones de carácter sexual: violación, esclavitud sexual, uniones forzadas, mutilaciones de contenido sexual, embarazos forzados, esterilizaciones forzadas y abortos forzados, desnudez forzada, golpes y aplicación de electricidad en los genitales, entre otras (Naciones Unidas, 1998).

Nombrar y reconocer la violencia sexual como forma de tortura ha sido un proceso largo y no exento de dificultades. Si bien la violencia sexual cometida contra las mujeres detenidas durante la dictadura era un secreto a voces conocido por la mayoría, no formaba parte de la memoria común sobre los efectos que la dictadura cívico-militar tuvo en el país. Como señala Paulina Gutiérrez:

“si el hecho que las mujeres detenidas durante la dictadura hayan sido objeto de tortura que implicaban abuso sexual y a menudo violaciones era conocido para muchos, no formaba parte de un relato común que circulara en el país […] aún en democracia la naturaleza sexual de estas agresiones había obturado, cancelado simplemente había dificultado incluir estos hechos en el discurso público en las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como también desde las víctimas.” (Gutiérrez, 2005:74)

Esto se debe a que vivimos dentro de una cultura de la violación, que está presente tanto en los períodos de violencia política como en los llamados tiempos de paz.

Es una cultura de la violación porque normaliza este tipo de agresiones y las mantiene ocultas como expresión de violencia, aún cuando sea sistemática y generalizada. El ocultamiento opera menospreciando su importancia y, principalmente, generando en las víctimas estigmatización y sentimientos de  vergüenza y culpa que les impide nombrarla y denunciarla (Mardorossian, 2002).

La normalización y naturalización de la violencia sexual se expresa en la persistente confusión entre sexualidad y violencia (Herman, 1984), que opera tanto a nivel del imaginario social como de la normativa penal, en tanto este es el único delito que exige demostrar que la víctima no provocó, consintió o disfrutó la agresión (Infante, 2007).

La violencia sexual es una manifestación de violencia contra las mujeres, la cual es un continuo que está presente tanto en los denominados tiempos de paz, como en aquellos períodos de conflicto y violencia política e institucional. Dicho de otra forma, la violencia contra las mujeres que ocurre en los conflictos armados o dictaduras no se diferencia cualitativamente de la violencia de género cotidiana, cuya prevalencia y magnitud es materia de preocupación de diversos organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud estima que más del 35% de las mujeres a nivel mundial han vivido violencia física o sexual, siendo la violencia contra las mujeres un fenómeno generalizado y global que incluso constituye un problema de salud pública de proporciones epidémicas y una grave violación a los derechos humanos de las mujeres que exige acciones urgentes (World Health Organization, 2013).

La violencia contra las mujeres es una expresión de discriminación que “menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (Naciones Unidas, 1992, p.1) y que tiene su origen y justificación en el status social subordinado que comparten las mujeres. El silencio de las víctimas y la impunidad son rasgos comunes, ya sea en agresiones cometidas en el espacio público o privado, por personas cercanas o por agentes del Estado, lo cual agrava y naturaliza esta forma de violencia. En relación a los efectos de la impunidad, Naciones Unidas ha señalado:

“La impunidad por los actos de violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control. Cuando el Estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no sólo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, sino que además envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es a la vez aceptable e inevitable. Como resultado de ello, las pautas de comportamiento violento resultan normalizadas.” (Naciones Unidas, 2006:34)

Aunque es importante reconocer que hubo hombres víctimas de violencia sexual, esta forma de tortura de ejerció principalmente contra las mujeres. Entre los testimonios de la Comisión Valech la mayoría de las mujeres declararon haber sido objeto de tortura sexual. En el informe de la Comisión se explicita que:

“Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5% de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido, por las consideraciones anteriores y porque existen numerosos testimonios de detenidos que señalan haber presenciado violaciones, cometidas en una gran cantidad de recintos de detención. La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado. Cabe señalar respecto a estas últimas que 229 mujeres que declararon ante esta Comisión fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004:291).

La aplicación sistemática y generalizada de violencia sexual en las mujeres que estuvieron detenidas demuestra que hay un propósito de disciplinamiento de género. La violación es un castigo para aquellas mujeres que salen del espacio que les fue asignado, es decir, aquellas que salen del espacio doméstico al espacio público-político y contravienen el  modelo único de mujer impuesto por la dictadura y la jerarquía masculina que este nuevo orden imponía (Fundación Instituto de la Mujer & Corporación La Morada, 2004).

La violencia sexual era una forma de castigar y humillar a las mujeres por su condición de tales, denigrando y degradando su integridad física, psicológica y sexual. Fue una “política de disciplinamiento de género” destinada a mantener la dominación de los hombres por sobre las mujeres, dejando claro que ellas no tenían derecho a participar de la vida política del país (Fundación Instituto de la Mujer & Corporación La Morada, 2004).

Este contexto general, que trasciende el período dictatorial, está en la base de los déficit del proceso de justicia transicional chileno en lo referido a búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para esta forma específica de violación a los derechos humanos.

Rol de las organizaciones feministas y de derechos humanos

A pesar de la regla tácita de silencio que rodea este tipo de crímenes, las organizaciones feministas han realizado una importante contribución para situar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad a nivel internacional y nacional.

Históricamente la violencia sexual ha sido utilizada en conflictos armados y guerras como una forma de ocupación simbólica del territorio y humillación del enemigo. Ha sido una constante en todas las guerras que han existido, pues estaba contemplada en el derecho internacional sólo como un acto que atentaba contra el “pudor”. Recién a partir de los conflictos de Yugoslavia y Ruanda es que se logra reconocer la violencia sexual en sus distintas expresiones como constitutiva de crímenes de guerra y lesa humanidad,  e incluso, de genocidio (La Morada, 2003)

Estos avances en el derecho internacional no se dieron solos, ocurrieron gracias a la estrategia desarrollada por las organizaciones feministas y de mujeres, que posteriormente se materializaron en el año 1999 en el Estatuto de Roma que junto con crear la Corte Penal Internacional define la violencia sexual y la violación como crímenes per se (La Morada, 2003).

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres y feministas también han desempeñado un rol central en situar la violencia sexual en la agenda de derechos humanos.

Ante el contexto de silencio generalizado,  organizaciones como La Morada, el Instituto de la Mujer y Corporación Humanas llevaron a cabo proyectos de investigación orientados a visibilizar las condiciones socio-culturales que facilitan y mantienen oculta la violencia sexual. Esos estudios buscaban contribuir a la elaboración de verdad histórica, sistematizando y difundiendo los testimonios de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como método de tortura. Organizaciones como Villa Grimaldi también han sido centrales en el esfuerzo de romper con el silencio, organizando distintos encuentros para reflexionar y debatir sobre la violencia sexual en el pasado y en el presente.

Además de la investigación, se han llevado a cabo procesos de incidencia en las comisiones de tortura y prisión política para que estas instancias reconozcan y reparen a las mujeres que sufrieron violencia sexual. Durante la segunda Comisión Valech se elaboró material y cartillas informativas destinadas a informar a las mujeres de la importancia de declarar en la Comisión y de reconocer y visibilizar las situaciones de violencia sexual vividas durante los periodos de detención.

En el ámbito de la justicia, Corporación Humanas ha presentado 5 querellas por violencia sexual como tortura ante los tribunales. Estas acciones judiciales tienen como propósito reconocer las violaciones a los derechos humanos que vivieron las mujeres, por el hecho de ser tales, y obtener reparaciones adecuadas.

Estas son las únicas querellas que existen en su tipo. La tortura se judicializa muy poco y la violencia sexual menos aún. No existe un ente estatal centrado en la persecución penal de las torturas cometidas durante dictadura militar, lo que impacta en una baja judicialización. Desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.405 en el año 2009, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, creado por el decreto supremo N° 1.005 en 1997, puede interponer querellas por víctimas de secuestro, desaparición forzada y ejecución política, pero los actos constitutivos de tortura quedaron fuera de su ámbito de acción, así como la posibilidad para las y los sobrevivientes de judicializar sus casos.

Del total de causas abiertas en los tribunales de justicia por graves violaciones a los derechos humanos, que según estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos del ICSO-UDP rondarían las 1300, menos de 30 corresponden a casos por torturas (Observatorio de Derechos Humanos, 2013), de las cuales sólo cinco son por violencia sexual. Estas cifras demuestran que se mantiene invisibilizada la violencia sexual sistemática contra mujeres cometida en dictadura, particularmente en fallos judiciales que no le otorgan tratamiento especial.

Dada la escasa relevancia que se le asigna a la tortura en general, y a la violencia sexual en particular, el camino judicial no ha sido fácil. En el poder judicial a los casos de tortura no se le asignan ministros en visitas con dedicación exclusiva como ocurre con los casos de desaparición forzada y ejecución política, debido a una interpretación restringida del Acta N° 81-2010, Auto Acordado que regula la tramitación de estos casos.

Debido a este trato diferenciado las causas por tortura eran conocidas e investigadas por los antiguos Juzgado del Crimen, con la lentitud y problemas propios de ese sistema procesal. Después de más de 6 meses en este sistema, y gracias a múltiples reuniones con la Corte Suprema, para exponerle la preocupación de que las causas por tortura fueran vistas por Jueces del Crimen, en circunstancias de que todas las demás causas por violaciones a los derechos humanos estaban siendo instruidas por Ministros en Visita de Cortes de Apelaciones, se logró que las 5 causas por violencia sexual fueran remitidas al Ministro Mario Carroza, quien actualmente las investiga. Ya han pasado dos años y medio de la presentación de las querellas y aún el proceso judicial continúa. Esta lentitud demuestra que los tiempos de respuesta judicial no han estado a la altura que exigen las circunstancias.

La justicia ha sido esquiva pero es importante para las víctimas y sobrevivientes pues es una forma de terminar con la impunidad endémica de la violencia sexual, garantizando juicio y castigo a los responsables.

La justicia también es importante a nivel social porque nos permite nombrar, simbolizar, construir una verdad compartida. Como señala la antropóloga Rita Segato (2003) “los nombres, una vez conocidos, pueden ser acatados o debatidos. Sin simbolización no hay reflexión, y sin reflexión no hay transformación” (p. 13) que sea posible y duradera.

Las experiencias de las organizaciones feministas y de derechos humanos en la visibilización de la violencia sexual como tortura, forman parte de las estrategias de resistencia contra el silencio y el olvido que deben ser relevadas como parte de la memoria sobre nuestro pasado reciente.

Situación actual y Garantías de no repetición

La verdad y justicia en torno a la tortura y la violencia sexual son inseparables de aquellas medidas centradas en  las garantías de no repetición de estos hechos, pues son acciones que ayudan a sustentar la convivencia política y social en el país.

La inexistencia de medidas orientadas a prevenir, investigar y sancionar los actos constitutivos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren en la actualidad es sumamente preocupante. Es una omisión que refleja la poca importancia que como país se otorga a la tortura y a su uso por parte de agentes del Estado.

Entre los principales problemas cabe mencionar que hoy en día Chile no cuenta con un registro unificado sobre denuncias de torturas y malos tratos perpetrados por parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, lo que es grave pues mientras no contemos con un diagnóstico y cifras oficiales es difícil visibilizar la problemática (Naciones Unidas, 2009).

Por otra parte, cuando se denuncian malos tratos y torturas policiales estos casos son vistos por la justicia militar. Las múltiples denuncias de violencia policial que se han conocido a partir de las manifestaciones sociales que empezaron en 2011, terminan siendo conocidas por tribunales militares, sin garantía alguna de imparcialidad, y por ende, con altísimos niveles de impunidad (Corporación Humanas et al. 2013)

En Chile la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes no son un asunto del pasado. Si bien ya no tienen la crueldad y el carácter sistemático y generalizado que tenía en dictadura, existen casos que exigen la atención de las organizaciones de derechos humanos.

Las manifestaciones ciudadanas de los últimos años han sido severamente reprimidas, y gran parte de las y los detenidos alegan haber sido torturados/as y maltratados/as por fuerzas policiales, incluso niñas y adolescentes denuncian diversas formas de violencia sexual, desnudez forzada, tocaciones sexuales y golpes en genitales (Corporación Humanas et al. 2012). En relación a estos casos de violencia sexual policial contra estudiantes, Humanas ha presentado querellas en los tribunales, sin embargo, se replican obstáculos legales y procedimentales que impiden un real acceso a la justicia por parte de las víctimas.

Del mismo modo, en el marco de reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas existen denuncias de torturas, abusos y malos tratos policiales hacia comunidades mapuche que son frecuentemente allanadas por uniformados, resultando niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas ancianas heridas, lo que ha sido objeto de preocupación por varios órganos de naciones unidas y relatores especiales (Naciones Unidas, 2012).

Este tipo de situaciones obligan a recordar que hacer frente a la tortura ocurrida en el período de dictadura pasa también por hacer frente a la situación actual en materia de tortura y  malos tratos contra quienes reivindican sus derechos, ya sean políticos, sociales, o territoriales.

En el contexto actual se requieren distintas medidas para enfrentar la tortura. Resulta básico tipificar la tortura en la legislación nacional, porque hasta ahora no existe como un delito autónomo imprescriptible, lo que contraviene las obligaciones internacionales en la materia. Del mismo modo, es imprescindible contar con un registro nacional unificado de denuncias de tortura, garantizando su investigación y sanción oportuna. De igual forma, es necesario implementar un mecanismo nacional de prevención de la tortura, que permita abordar los malos tratos y tortura que ocurren en los centros de detención (Naciones Unidas, 2009).

El golpe de Estado y la violencia institucional que lo siguió significó un quiebre en nuestra convivencia, en aquello que estructura el tejido social. Porque la violencia no es otra cosa que la negación de aquello que nos mantiene viviendo juntos/as. Por eso es tan importante reflexionar sobre ella y repararla en el sentido de generar garantías de no repetición y transformaciones estructurales.

La valentía de las sobrevivientes de violencia sexual como tortura para hablar sobre sus experiencias y judicializar sus casos, con el objetivo de visibilizar esta violación a los derechos humanos y de contribuir a que a otras mujeres no corran la misma suerte, son actos de resistencia política, porque se orientan a superar el silencio y el olvido.

La reconstrucción del tejido social y de la convivencia democrática exige garantizar justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual en dictadura. También exige un compromiso del Estado para prevenir y sancionar la tortura y violencia sexual que ocurre en el presente, donde no se pierda de vista que la discriminación está en la base de la violencia. Por eso, construir una sociedad igualitaria que erradique las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres es inseparable de los esfuerzos por establecer una cultura respetuosa de los derechos humanos de todos y todas.

Bibliografía

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[1] Adaptación de la ponencia presentada en el seminario “A 40 años del golpe de Estado en Chile usos y abusos en la historia” el 2 de septiembre de 2013 en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

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