Las cosas por su nombre: Hacia la persecución por motivos de género

Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo relevar la importancia del fenómeno de la persecución por motivos de género y, por tanto, de la necesidad de contar con dicha figura en el sistema de protección internacional de refugiados. La premisa desde la que surge este texto es que lo que no se nombra se oculta, se niega, se aplaca; y en la máxima expresión de esta in-expresión, se vuelve inexistente. Ha llegado la hora de decir las cosas por su nombre.

Palabras Claves: Género, mujeres, violencia, persecución, refugio

Abstract:
The following written work aims to reveal the relevance of the phenomenon of persecution driven by gender issues, and having that in mind, the need to count with a legal instrument in the international refugee protection system to face it. The premise by which this text is founded is that what isn’t named remains hidden, remains denied and soothed. And in the maximum expression of this inexpressiveness (not-expression), it turns nonexistant. The time has come to call things by their proper name.

Key Words: Gender, women, violence, persecution, refuge

Belén A. Rojas S. Licenciada en Antropología con mención en Antropología Social, Universidad de Chile. Alumna del Master en Migración, Conflictos y Cohesión Social en la Sociedad Global, Universidad de Deusto. Becaria Erasmus Mundus ECW for Chile. Lot 17.

 

Género y DD.HH.

La desigualdad entre géneros allana el camino a la “violencia contra las mujeres”, expresión de la violencia de género. Con violencia de género hacemos referencia al mecanismo de control de las conductas que se consideran propias de cada género. De forma general, entenderemos por violencia contra las mujeres:

Todos aquellos actos que ponen en peligro la vida, el cuerpo, la integridad personal y/o la libertad de las mujeres, y que se producen y sirven –tanto por sus intenciones como por sus efectos– para manifestar el poder y el control masculino. Debido a que el factor de riesgo en esta forma de violencia lo constituye la pertenencia al género femenino y a que es perpetrada por el género masculino en los ámbitos privado y público, se le denomina también violencia de género (Murguialday y Vázquez, 2000).

A partir de lo anterior se vislumbra que hablamos de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres que no corresponden a hechos aislados ni excepcionales, pues al tener dichas violaciones fundamentos estructurales, esa misma estructura las ampara y reproduce.

Frente a esta realidad la comunidad internacional y las macro instituciones de las que se ha dotado a lo largo de los años han tomado conciencia de la necesidad tanto de generar una legislación que se haga cargo de la situación desigual y desprotegida de las mujeres como de introducir la perspectiva de género en los diversos instrumentos ya existentes. Esta intención ha tomado cuerpo en lo que podría denominarse un sistema de protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en el que destacan:

·  Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 1954.

·  Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1967.

·  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 1979, y su Protocolo Facultativo, 2000.

·  Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, 1993. En acuerdo al artículo 1 de este documento:

…por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada (Naciones Unidas, 1993: 2).

·  Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995.

·  Declaración del 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Asamblea General de Naciones Unidas, 1999.

Importante es, entonces, reconocer los avances en el sentido de volver explícita la desigualdad de las mujeres y la violencia que sufren. Sin embargo, es central no perder la perspectiva crítica sobre estas Convenciones y Declaratorias, pues muchas veces los derechos humanos tienen un fuerte sesgo androcéntrico. Es decir, que reproducen una mirada que se centra en lo masculino y que desde lo masculino comprende la realidad. Al respecto, la siguiente cita de Pierre Bourdieu me parece un aporte en claridad:

La precedencia masculina que se afirma en la definición legítima de la división del trabajo sexual y de la división sexual del trabajo (en ambos casos el hombre “es el ser superior” y la mujer “se somete”) tiende a imponerse, a través del sistema de los esquemas constitutivos del habitus, en tanto matriz de todas las percepciones, los pensamientos y las acciones del conjunto de los miembros de la sociedad y en tanto fundamento indiscutido, porque se halla situado fuera de las tomas de conciencia y del examen de una representación androcéntrica de la reproducción sexual y de la reproducción social (Bourdieu, 1996: 16).

Entonces, Podemos plantear que los derechos humanos y el sistema de protección que de estos emana están basados en las experiencias y necesidades de los hombres y en este ejercicio han excluido a las mujeres.

Lo anterior les impide muchas veces hacer lectura de que:

El paradigma dominante ha ubicado los instrumentos de defensa de los Derechos Humanos en la vida pública, en particular en la relación ciudadano-Estado, dejando fuera de su ámbito de competencia las violaciones de derechos que se producen en el marco de la familia, de lo privado (CEAR-Euskadi, 2007: 5).

Es muy probable que esto último sea lo que aun permita que exista importante legislación internacional y, a su vez, local, que no ha incorporado la perspectiva de género. Más allá de la reivindicación política, la omisión puede tener en ciertos casos consecuencias fatales para la vida de las mujeres. Este es el caso de la legislación en relación al refugio y al asilo.

Refugio y asilo

En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país (Art. 14, Declaración Universal de los Derechos Humanos) (Naciones Unidas, 1948).

Para comprender qué es el refugio y el asilo nos centraremos en el derecho internacional vigente.

Las definiciones principales de lo que es refugio están contempladas, en primera instancia, en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, aprobada en Ginebra el 28 de Julio de 1951 y cuya entrada en vigor ocurrió el 22 de abril de 1954; y en el Protocolo de Nueva York de 1967, sobre el Estatuto de Refugiados, aprobado el 31 de enero de 1967 y cuya entrada en vigor fue el 4 de octubre de 1967.

La Convención de Ginebra es uno de los instrumentos adoptados en el marco de las Naciones Unidas con el objeto de subsanar las consecuencias de la I y la II Guerra Mundial. Los aportes más importantes que supone la adopción de esta Convención son una definición de Refugiado y el reconocimiento de lo que ahí se define como principio de no-devolución o non-refoulement.

En acuerdo a la Convención y su artículo 1, refugiado es toda persona que,

…debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (Naciones Unidas, 1951).

Por su parte, el principio de no-devolución o non-refoulement queda contemplado en el artículo 33 de la misma Convención:

Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas (Naciones Unidas, 1951).

Por cierto, las restricciones a la aplicación de este principio están explicitadas en el mismo artículo y son la seguridad del país y la comunidad del país receptor, en tanto se considere que el refugiado es susceptible de alterarla.

Respecto del Protocolo de Nueva York de 1967, sus principales aportes son la eliminación de la restricción geográfica-temporal y la universalización de la figura del asilo. Esto, dada la aceptación internacional que la Convención de Ginebra, al sólo aplicarse a los refugiados que habían pasado a serlo en función de acontecimientos acaecidos antes del 1 de enero de 1951, no daba cuenta de situaciones que han generado refugiados con posterioridad a dicha fecha.

Ahora bien, las personas a las que se les ha reconocido su condición de refugiadas (condición declarativa, no constitutiva) se convierten en titulares de un Estatuto de Asilo que les permitirá gozar del principio de no-devolución, la autorización para residir y trabajar en el país que ha reconocido su condición, la emisión de documentos de identidad y de viaje (si son necesarios) y dispondrán de asistencia y económica que se determine. Por supuesto, estos beneficios se van obteniendo a partir de un proceso de reconocimiento por los Estados receptores y no son inmediatos.

Un análisis de género necesario

Nuestra propuesta es que problemáticas como las del refugio y el asilo deben ser abordadas desde el análisis de género, es decir, desde la búsqueda de información respecto a las relaciones entre mujeres y hombres en un contexto determinado, sus orígenes y causas y los mecanismos que ayudan a su mantención.

Este ejercicio de análisis debe ser considerado un elemento básico a la hora de evaluar adecuadamente las solicitudes del estatuto de refugiado. Es éste el primer paso para la aceptación del género como una variable que puede guardar relación estrecha con la persecución.

Como planteamos anteriormente, la violencia contra las mujeres suele tener un fuerte arraigo contextual que se expresa en relaciones de poder desiguales y una actitud individual y colectiva permisiva respecto a la violencia acaecida a nivel familiar, comunitario y/o estatal. Por esto es central alcanzar un conocimiento respecto de las causas, mecanismos y consecuencias de este tipo de violencia para poder actuar de manera no sólo eficiente sino, más importante aun, responsable frente a sus víctimas.

Las mujeres hoy, al igual que los hombres, pueden ser perseguidas por motivos políticos, étnicos, religiosos, por su nacionalidad o su pertenencia a un grupo social determinado. No obstante, muchas mujeres sufren persecución y severas discriminaciones sólo por el hecho de ser mujeres. Esta persecución es grave porque trae una multiplicidad de consecuencias para la vida de quienes la sufren, pero más grave aun es la condición de invisibilidad/impunidad en que ésta ocurre.

“Las atrocidades cometidas por grupos armados en situaciones de conflicto suelen salir a la luz pública, mientras que los abusos que se cometen tras las puertas de la propia casa a menudo permaneces invisibles” (ACNUR, 2002:13). Siguiendo esta misma línea, el Informe “Género y Conflictos Armados” (El Jack, 2003) nos expone que:

El conflicto empeora los patrones existente de violencia sexual contra las mujeres en dos principales maneras. En primer lugar, los actos de violencia ‘cotidiana’, particularmente la doméstica aumentan conforme las comunidades se desintegran durante los conflictos y después de éstos (ONU, 2003). En segundo lugar, la violencia cotidiana se incrementa en el contexto de situaciones de conflicto masculino y militarizado […]. En el contexto del conflicto, por ejemplo, la violencia contra las mujeres es más que el ejercicio de poder sobre las mujeres” (El Jack, 2003: 21).

Efectivamente, ambos planteamientos hacen alusión a contextos específicos donde las mujeres se ven involucradas en una situación general de conflicto armado, no obstante me parecen de enorme riqueza en el sentido de resaltar este juego de visibilidad e invisibilidad de la violencia en base a sus escenarios y agentes: público/privado, individuo/Estado.

El género no fue considerado un motivo de persecución por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y, por tanto, no es uno de los motivos que puede dar a lugar el reconocimiento de un estatuto de refugiados. No obstante, la definición de refugiado debería escudriñarse a partir de un análisis de género pues dicha Convención debería operar como un instrumento internacional de “carácter evolutivo”. Esto quiere decir que, si su objetivo es asegurar la protección para aquellas personas que ya no pueden contar con ella en sus países de origen, debe adaptarse a las problemáticas y necesidades actuales (Vega, 2007: 14).

Lamentablemente, esto no ocurre y hoy no existen más razones de persecución que los que la Convención reconoce. No deja de ser veraz afirmar que la protección internacional para las personas refugiados no ha hecho propio el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, aun cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha instado a los Estados a proteger a quienes huyen de sus países por ser perseguidas en razón de su género (ACNUR, 2002). Por su parte, el Parlamento Europeo solicitó a sus Estados miembros tomar en consideración la persecución de las mujeres por ser mujeres en sus sistemas de asilo y el Consejo Europeo (2004), con mayores restricciones, estableció que los Estados debían tener en cuenta las condiciones individuales al evaluar cada solicitud de asilo, y una de estas condiciones individuales sería el sexo. Algunos países europeos han tomado medidas para resolver procedimientos de asilo incorporando el análisis de género, entres estos Irlanda, Reino Unido y Suecia (CEAR-Euskadi, 2006: 11).

En síntesis, para las mujeres víctima de persecución buscar protección en otro país es una medida desesperada. Esto porque dicha empresa representa hoy un esfuerzo “titánico” y la exposición a condiciones tanto o más violentas o inseguras. Salir del país “legalmente” e ingresar a otro en las mismas condiciones es hoy muy difícil. El estatuto de refugiados se ha visto afectado sin duda por las medidas restrictivas que muchos países han aplicado para frenar la migración y enfrentar la cuestionada “lucha contra el terrorismo”.

Es cierto que cuando el derecho al asilo se ve cuestionado son muchos los individuos y colectivos perjudicados. Sin embargo, las mujeres son especialmente vulnerables frente al cierre de fronteras no sólo porque las estadísticas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) indican que son aproximadamente la mitad de las personas desplazadas y/o refugiadas (UNHCR, 2008), sino también porque en los contextos de los que huyen o intentan huir no cuentan con una mínima protección, ya sea porque es el Estado o las altas esferas de la organización comunitaria quienes ofician como agentes persecutores, o porque dichos agentes provienen del núcleo familiar y/o existe un Estado que es negligente y/o permisivo con dicha persecución.

Retomando nuestra apelación por el análisis de género en materia de refugio y asilo, quisiéramos destacar que si bien las mujeres son, con frecuencia, víctimas de persecución por razones similares a las que condenan a los hombres a sufrirla, un mismo tipo de persecución se materializa y opera de manera diferente de acuerdo al sexo de la persona perseguida, lo que significa la necesidad de torcerle la mano al androcentrismo a la hora de lograr evaluaciones acuciosas y responsables de las solicitud de asilo, pues este mismo androcentrismo es lo que hace muchas veces a las mujeres víctimas de persecución en sus países de origen debido a que los motivos que desatan la persecución de sus esposos son inmediatamente traspasados a las mujeres.

Por último, y como algo fundamental, es necesario reconocer la existencia de una persecución a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y que dicha persecución requiere de una categoría propia que la combata en la legislación internacional. Hoy en día, en honor a situaciones de emergencia, se ha hecho un uso táctico del texto de la Convención que ha mostrado ser medianamente eficiente, utilizando la categoría de grupo social para levantar desde ahí las solicitudes de asilo y justificarlas. Más allá de los resultados obtenidos, que en muchos casos son vidas salvadas, queda la pregunta de si no estaremos jugando un juego que finalmente nos perjudica, amparando y reproduciendo la invisibilidad de una categoría necesaria como es la persecución por motivos de género.

Hacia la persecución por motivos de género

Nombrar los problemas y, sobre todo las soluciones de manera explicita es un primer paso hacia la aceptación de la realidad y muchas veces el único camino hacia la solución cuan lo que supuestamente está implícito es obvio que no funciona (CEAR, 2008: 171).

Beatriz Moncó y Ana María Rivas (2007) nos recuerdan que nombrar es asignar y reconocer un rol, una posición a la persona de la que hablamos y a la que nos dirigimos. Nombrar es situar en el espacio social, y de esta situación se desprenden actitudes, comportamientos, prácticas, sentimientos, derechos y deberes. Nombrar es dotar de identidad, dar un lugar en el sistema de representación que hemos construido. Es por esto que nombrar la persecución por motivos de género en el marco regulatorio internacional es el acto primario en pos de su reconocimiento, el paso indefectible para comenzar a subsanar sus consecuencias y primer grano de arena en pos de su resolución.

Lo que existe en la actualidad, y que opera de manera subsidiaria frente a la ausencia de esta categoría en el derecho internacional, es una medida de protección para aquellas personas que objetivamente requieren protección pero no cumplen con los requisitos exigidos para el reconocimiento de su condición de refugiados, cuya denominación es “estatuto de protección subsidiaria”.

De acuerdo al artículo 15 de la Directiva del Consejo de Europa (2004), el estatuto se concederá en el caso que se aduzca temor a sufrir daños graves que corresponden a: a) la condena a la pena de muerte o su ejecución; b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen; c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.

Los agentes de persecución reconocidos por esta Directiva, en su artículo 6, son: a) el Estado; b) partidos políticos u organizaciones que controlan el Estado o una parte importante de su territorio; y c) agentes no estatales, sólo si es posible probar que no ha existido protección ni intención de protección de los agentes mencionados anteriormente ni de las organizaciones internacionales.

Es fácil concluir que una Directiva como ésta no sólo es reduccionista sino muy peligrosa. Para el caso de las mujeres perseguidas no hace lectura acerca de que la persecución por motivos de género tiene como eje discriminador el sexo de la víctima pero que está determinado por una ideología que impulsa y justifica la persecución de los sujetos que no cumplen con los roles asignados de acuerdo al género, y que dicha ideología suele estar tan bien asentada y cimentada que de manera explicita o implícita alcanza grados de apoyo institucional.

Otro mecanismo de protección que opera en la actualidad se construye sobre la base de los motivos de persecución reconocidos por la Convención de Ginebra y es la reconducción de las solicitudes de asilo a través de la consideración de la mujer como miembro de un “grupo social”. Frente a este uso táctico del derecho internacional es posible levantar dos críticas. La primera de estas, es que dicha utilización presta asistencia a la perspectiva de considerar a todas las mujeres como iguales:

Aunque las mujeres comparten experiencias, fuerzas y obstáculos que les otorgan necesidades e intereses comunes-los cuales pueden, en determinadas circunstancias, propiciar su unidad como grupo-las formas de subordinación social y económica, y de vulnerabilidad, son tan complejas y están tan individualizadas como las personas que las sufren” (Murguialday y Vásquez, 2001).

La segunda crítica, por cierto extensiva al primer mecanismo aquí presentado, es que si bien las tácticas adoptadas apuntan al cumplimiento de la protección demandada por las víctimas, no dan respuesta a la petición central, aquélla de reconocimiento de la existencia de una persecución por motivos de género contra las mujeres, lo que resulta de igual gravedad que la que se produce por motivos religiosos, políticos, de nacionalidad o etnia, y que en razón de dicha gravedad merece su inclusión y tratamiento exclusivo y no su traslape en otra categoría.

Nuestra crítica apunta a que “la importancia que posee un tema tan dramático y grave queda disminuida […], porque sencillamente lo que no se nombra parece que no existe, y la persecución por razón de género tristemente existe….” (García, 2007: 42).

La persecución por motivos de género existe y se ejerce contra las mujeres -aunque no exclusivamente- dada su situación de desigualdad de origen y continua subordinación en la mayoría de las sociedades. Es por esto que la información respecto al contexto de origen es muy importante a la hora de determinar la admisión de solicitudes de asilo, pues los roles de género definidos socialmente serán la principal guía para garantizar la protección y hacer una interpretación del estatuto de refugiado en toda su complejidad.

Entre las formas de persecución por motivos de género que debieran ser reconocidas en el sistema de protección internacional de refugiados podemos nombrar: castigo, pena o sanción equivalentes a tortura, tratos inhumanos o degradantes cuando una mujer no cumple una ley o política establecida (por ejemplo, la lapidación); leyes persecutorias contrarias a los derechos humanos (pena de muerte por lesbianismo); leyes o políticas implementadas mediante métodos gravemente lesivos (esterilización forzada); situaciones derivadas de la trasgresión de normas sociales que comprometen la libertad o el bienestar físico y/o psicológico de las mujeres (matrimonios forzados, crímenes de honor); violencia intrafamiliar contra las mujeres; trata de personas para la prostitución forzada; persecución por orientación sexual e identidad de género; patrones discriminatorios con consecuencias lesivas (mutilación genital); violación sexual como arma de guerra (CEAR, 2008).

Ahora bien, mi disciplina de proveniencia no es el Derecho ni tengo la preparación para hacer recomendaciones jurídicas más allá de las que ya han hecho muchos expertos en esta material, las que resumo a continuación:

·        Ampliación de los motivos de persecución en la Convención de Ginebra,para lo cual sería necesario un protocolo adicional que actualizara dichos motivos y reconociera la persecución por motivos de género como motivo autónomo.

·        Adopción de medidas legislativas con el objeto de subsanar, en el ámbito de cada Estado, el vacío existente en el marco internacional, a fin de garantizar una reforma jurídica en que el género constituya uno de los motivos de persecución que pueda dar lugar al derecho de asilo.

·        Implementación de un sistema de seguimiento y control de la aplicación de las directrices de género una vez adoptadas a nivel internacional y de cada Estado, con el fin de transparentar su aplicación en el derecho de asilo.

·        Capacitación y formación especializada para todos aquellos agentes involucrados en el proceso de solicitud y sanción del derecho de asilo.

Sin perjuicio de lo anterior, las reformas en la legislación parecen no ser suficientes, básicamente porque la persecución emana de una ideología de género lo suficientemente arraigada para que su transformación no penda únicamente de la norma y la sanción a nivel internacional, que muchas veces no es apropiada a nivel local pues dicha ideología vuelve a este nivel reactivo o indolente frente a la violencia contra las mujeres. El reconocimiento de dicha violencia sólo parte con el ejercicio de nombrar, de situar la categoría de protección en el sistema internacional de protección de refugiados, generando un mecanismo de prueba para quienes no quieran ver o cuyos “lentes” representen hoy un obstáculo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Este paso, que parece tan básico y primario, requiere él mismo de un paso previo para llegar a concretarse, el cual es que alcancemos el análisis de género ambiciosamente, con miras a la perspectiva de género. Finalmente de lo que hablamos es de volver al género nuestra estrategia.

Conclusiones

La persecución por motivos de género es una realidad que no tiene reconocimiento jurídico y, por tanto, no está dotada de “sentido legal”. Hoy en día reconocemos con esta denominación al conjunto de solicitudes de asilo en las que el género es la variable que gatilla la solicitud de declaratoria de refugiado.

Para hacer frente a esta “carencia” existen propuestas de reforma jurídica a nivel internacional y a nivel de los Estados, las que al parecer adolecen aun de voluntad política para hacerse realidad. Faltos de perspectiva, conformistas y satisfechos con los usos tácticos de la Convención, podríamos aspirar al logro del análisis de género en los motivos ya predefinidos. Sin embargo, conscientes del arraigo profundo de la desigualdad entre los género, sabemos lo fundamental que es generar una normativa vinculante a la Convención que la vuelva sensible y la implique en la persecución por motivos de género, a través del reconocimiento de ella como un motivo de persecución autónomo.

No obstante, considero prioritario comprender que, siguiendo el marco conceptual de Murguialday (2000), lo que necesitamos en primera instancia es que problemáticas como el refugio y el asilo sean indefectiblemente abordadas desde un análisis de género. Con esto queremos decir que dichas problemáticas deben estar presentes en el análisis de las funciones desempeñadas por hombres y mujeres al interior de una sociedad, considerando las desigualdades en el acceso a los diversos capitales y su utilización, en un intento por entender y visibilizar los procesos y el marco organizativo-institucional que crean y reproducen dicha desigualdad de género. Finalmente, esto significa considerar al género como una categoría de análisis prioritaria a la hora de evaluar un contexto determinado y los fenómenos y problemática que emanan de él.

Sin embargo, nuestra meta es apostar a la incorporación de una perspectiva de género, y con esto nos sumamos a la alusión de Murguialday respecto del potencial político de la categoría, a su potencial transformador de la realidad actual. Desde esta perspectiva el género se vuelve mucho más que una herramienta de diagnóstico sobre la situación de las mujeres en el mundo para transformarse en una perspectiva política que apunta al compromiso colectivo de alcanzar relaciones igualitarias entre los géneros (Ibíd., 2000). Esto significa utilizar los resultados respecto de aquello que somos para comenzar a construir aquello que queremos llegar a ser.

 

Bibliografía

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