Des – Igualdad de Género: El Estado como reproductor de brechas sociales.

Resumen:

El presente artículo es una reflexión que tiene como eje de discusión el rol que cumple el Estado en la perpetuación de las desigualdades de género mediante algunos de sus ámbitos de acción. Para dicho efecto, se analizó el Sistema Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y la Ley 20.545 (Ley de Posnatal Parental), que aunque se constituyen como áreas distintas, se encuentran entrelazadas y son interdependientes, ya que podrían ser consideradas claves en la lucha por la igualdad de derechos, pero que lamentablemente tienden a eternizar el rol secundario de las mujeres, tanto en el ámbito público (trabajo) como en el privado (crianza).

Palabras Clave: Estado / Desigualdad de Género / Políticas Públicas / Derechos Laborales / Corresponsabilidad Social

Abstract:

This article is a reflection in which the key discussion is the role played by the state in the perpetuation of gender inequalities through some of its areas of action. In order to achieve this, the national training and employment system (SENCE) and the Law 20.545 (Postnatal/Parental Law) were analyzed. Even though they belong to different areas, they are interconnected and interdependent since they could be considered as the key in the fight for equal rights. Sadly, according to researchers, they tend to demean the role of women in both the public (work) and private sectors of society (nurturing).

 Keywords: State / Gender Inequality/ Public Policies/ Labor Rights/ Shared Social Responsibility

Autora: Nicole Salas Salazar. Trabajadora Social de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Diplomado de Postítulo en “Teorías de Género, Desarrollo y Políticas Públicas” de la Universidad de Chile. Militante Frente de Género de Revolución Democrática (Movimiento Político Chileno). Este trabajo es una adaptación del ensayo académico para optar al título de Trabajadora Social, titulado “Des – Igualdad De Género: El Estado Como Reproductor De Brechas Sociales. Una Mirada Crítica Desde El Trabajo Social”. Correo electrónico: nicolef.salass@hotmail.com.

A modo de contextualización, resulta relevante sostener que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que existen cuatro fuerzas que condicionarían las prácticas de las relaciones de género, siendo una de ellas la esfera pública, y dentro de la cual encontramos el mundo del trabajo; del mercado; la educación; el Estado; la política y la asociatividad (PNUD, 2010: 15). Dentro de este marco, es posible destacar que a lo largo de la historia, pero sobre todo en las últimas décadas, el papel de las mujeres en el acontecer social ha tomado mayor connotación pública y ha puesto en el debate demandas relacionadas con la igualdad de género. En base a ello, es posible revelar que estas exigencias se configuran principalmente en un contexto de sociedades legitimadoras y reproductoras de la masculinidad hegemónica y, como sabemos, en ella se acepta y perpetúa la dominación del hombre y de lo masculino, a costa de la subordinación de la mujer, y de todo aquello considerado femenino.

Por tanto, en medio de esta permanente tensión, es posible visualizar a las mujeres, por un lado, reivindicando derechos que consideran vulnerados y, por otro, a un sistema social, político y cultural que las relega a planos secundarios de la vida pública. Resultando ser éste el marco en el cual se configura la dificultad en la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria en términos de oportunidades, de relaciones, de derechos y de calidad de vida. Siendo además, el tema central que se pretenderá desarrollar en las siguientes páginas.

Desigualdad de Género como Ddesigualdad de Derechos

Desde un punto de vista histórico, cabe sostener que las diversas conferencias mundiales desarrolladas por las Naciones Unidas[1], entre otros organismos internacionales, han contribuido positivamente a que se ponga sobre el debate mundial el tema de la igualdad de género desde un punto de vista de igualdad de derechos. Ya que la construcción histórica, cultural, política y económica que sustenta a las sociedades en las que vivimos, han sido configuradas en torno a una visión androcentrista de la realidad, desde sus orígenes hasta su desarrollo presente, por ello, la igualdad de género fue, y es, la bandera de lucha de las mujeres por cambiar este paradigma y querer ser reconocidas en tales procesos, pues, no se puede negar que se las ha invisibilizado y anulado históricamente. En base a ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifiesta que:

“La aguda desigualdad que secularmente ha recorrido a América Latina y el Caribe hunde sus raíces en la historia (…) En la vida republicana los privilegios siguieron reproduciéndose de otras diversas maneras, que mantuvieron asimetrías en cuanto a derechos y condiciones de vida. Finalmente, el patrón de desarrollo y modernización perpetuó las brechas socioeconómicas basadas en el origen racial y étnico, el género y la clase social. La estructura productiva y las oportunidades educativas consagraron patrones de reproducción de la desigualdad y, en gran medida, lo siguen haciendo” (CEPAL, 2010a:185).

En consecuencia con lo anterior, en el año 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW), al cual el Estado de Chile se adhirió en 1989. En ella, se establece lo siguiente:

“… la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad” (CEDAW, 1979).

Por lo tanto, se considera que la desigualdad de género atenta, más allá de un simple juicio moral, no solo en contra de los derechos legítimamente reconocidos a nivel mundial para con las mujeres, sino que también entorpecería el desarrollo en el ámbito productivo, social y humano de los países en los cuales esta brecha desigual resulta ser francamente brutal, por lo cual, cabe relevar lo necesario que es considerar la igualdad desde este punto de vista, de manera más integral y desde una mirada centrada en la justicia social. En este sentido, es posible sostener que los países que no cuentan con el aporte del talento de la mitad de su población, serían menos eficientes, crecerían menos y pondrían en riesgo su competitividad, pero además serían países profundamente injustos (Programa de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres [PIO] 2011 – 2020, 2011:39).

Brechas sociales relacionadas con la desigualdad de género en América Latina

Al momento de hablar de brechas sociales, resultaría incomprensible no hacer mención a las diferencias socioeconómicas del continente, ya que las grandes desigualdades que se visualizan en materia de la distribución de la riqueza evidenciaría que detrás de las brechas de ingreso, o en ellas, se plasman otras brechas que se refuerzan entre sí, cual círculo vicioso (CEPAL, 2010a:46). Es decir, que las brechas económicas, podrían ser el punta pié inicial para el desarrollo de otras brechas sociales al interior de los países, dentro de las cuales la desigualdad de género puede ser una de ellas.

En base a lo anterior, cabe señalar que las desigualdades entre hombres y mujeres, se expresan en formas diversas de discriminación en el mundo laboral (menos ingresos, más desempleo y empleo menos protegido); en la falta de remuneración y el poco reconocimiento de la economía del cuidado[2], clave en la reproducción social y a cargo sobre todo de las mujeres (CEPAL, 2010a:46). Ya que, tal como se mencionó en un comienzo, la esfera pública sigue siendo el ámbito en el cual se reproduce y se consolida de manera más gráfica, la visión desigual en cuanto a los mandatos culturales asociados al ser hombre y al ser mujer, mandatos que en la región latinoamericana aún se encontrarían cultural y socialmente legitimados por medio de las prácticas cotidianas de los organismos públicos y de las sociedades en su conjunto, y a lo cual también podría incorporase el ámbito de la esfera privada, como lo es la familia.

Así, estas divergencias reflejarían relaciones sociales opresoras, donde se visualiza el papel específico de la mujer centrado en las tareas de reproducción; el mercado del trabajo diseñado según las pautas del hombre como sostén económico de la familia; y los mecanismos de discriminación (Giosa y Rodríguez, 2009 citado en CEPAL, 2010a:169), es decir, la división sexual del trabajo aún presente en su máxima expresión, lo que conlleva a aseverar firmemente, que ésta resulta ser la forma en la cual se construye una cultura de género basada en asignaciones y construcciones sociales, y no biológicas (Escartín y Suárez, 2001:111).

Estado chileno como reproductor de la desigualdad de género: Sistema Nacional de Capacitación y Empleo y Ley 20.545

A pesar de que se reconoce que los Estados latinoamericanos han prestado atención a las demandas de las mujeres en cuanto a la igualdad de derechos, los primeros no han conseguido la plena participación y la autonomía económica de ellas, debido principalmente, a la ausencia de políticas integrales y de una transversalización de género efectiva. Pues, el desarrollo con igualdad implica desmontar la cultura patriarcal que reproduce y perpetúa la subordinación de las mujeres (CEPAL, 2010b:16).

Sin embargo, a pesar de esta incoherencia en el accionar del Estado, vale la pena reconocer, que en ciertos ámbitos de las Políticas Públicas, se han logrado alcanzar cambios parciales que contribuyen a satisfacer, en mayor o menor grado, necesidades prácticas de género (en términos de condiciones sociales) bajo lógicas centradas en el paradigma de Mujeres en el Desarrollo (MED), pero no se ha incorporado en la agenda pública los intereses o necesidades estratégicas de género (las cuales contribuyen a mejorar la posición de ellas en el mundo público) desde una visión de la perspectiva de Género en el Desarrollo (GED), pues aún cuando se (auto) definen como tal, no cumplen con los objetivos que este último modelo plantea, convirtiéndose en una mera extensión MED. A raíz de lo anterior, es posible afirmar que hoy se continúan perpetuando prácticas diferenciadoras que menoscaban a lo femenino mediante políticas públicas que no atacan las desigualdades de raíz.

Adentrándonos en el caso de Chile, podemos ver dos ejemplos específicos de cómo el Estado tiende a reproducir los patrones de la masculinidad hegemónica, visualizando dos áreas distintas (y pocas veces analizadas), aunque entrelazadas e interdependientes, que podrían ser consideradas claves en la lucha por la igualdad de derechos, pero que lamentablemente tienden a eternizar el rol secundario de la mujer en la vida social. La primera tiene relación con el ámbito de la capacitación laboral y la segunda con la esfera de la conciliación trabajo – vida familiar.

En cuanto a la capacitación para el trabajo, es factible sostener que ésta se lleva a cabo mediante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), y según Comunidad Mujer (2011:1), este sistema actual de capacitación en Chile podría estar aumentado la desigualdad social, ya que se está capacitando en mayor proporción a trabajadores y trabajadoras ocupados/as formales, lo que descuidaría a otros grupos vulnerables, como por ejemplo, a las mujeres. Por esta razón, valdría la pena deducir entonces que si partimos de la base que el 68% de las personas ocupadas formales corresponde a hombres, versus el 32% de mujeres en igual situación[3] (Intituto Nacional de Estadísticas, 2010:71), las segundas no serían necesariamente las beneficiadas de estas políticas públicas de capacitación, sumando así otra dificultad en el acceso a un mejor empleo. Cuestión que el mismo SENCE (2009:9) reconoce en uno de sus estudios donde se expresa que quienes hicieron uso de las capacitaciones por Franquicia Tributaria[4] durante el 2009 en el país, fueron mayoritariamente hombres, con un 59%, en contraste con el 41% de las mujeres.

Del mismo modo, lo anterior se encrudece aún más si sostenemos que el 45% de las mujeres que han logrado acceder a alguna capacitación en los últimos 5 años, son quienes han culminado la educación superior, mien­tras que entre las mujeres con educación básica, tan solo el 18% se ha capacitado (Comunidad Mujer, 2011:1). Así, cabría dilucidar a quienes realmente favorece la implementación de las capacitaciones a través del SENCE, puesto que tal como lo sostiene Comunidad Mujer, las mujeres capacitadas corresponden en su mayoría a trabajadoras que han firmado algún contrato, lo que da cuenta de que las mujeres con menor formalidad laboral tienen menos acceso a capacitación. Por lo tanto, estas cifras serían el fiel reflejo de cómo las mujeres en situación de pobreza y/o vulnerabilidad se encuentran más limitadas en el ingreso a oportunidades que pudiesen, eventualmente, contribuir a una mejora en la calidad laboral, versus las mujeres en mejor condición socioeconómica y educacional. Ya que para ellas el mundo del trabajo se caracteriza mayormente en ocupar puestos de trabajo precarios (menores salarios, flexibles y temporales), por lo tanto, resulta lamentable que estas necesidades estratégicas de género no alcancen a permear a todas las mujeres y genere brechas entre ellas mismas, estacando también las posiciones sociales en la que se encuentran.

A todo lo anterior, habría que agregar que el uso de la Franquicia Tributaria, muestra marcadamente una concentración de su uso en la Región Metropolitana, con un 59%, seguido muy por debajo de la Quinta, con un 7,9% y la Octava Región con un 7,5% (SENCE, 2009:9). Por ende, estas cifras demuestran el desafío de descentralizar el accionar público en materias de capacitaciones, pues, se estaría excluyendo a las mujeres también, según la región en la que habitan.

Consecuentemente, queda por concluir al respecto, que a pesar de la brecha de género ya existente (hombre – mujer), se desglosan nuevas brechas pero entre las propias mujeres (según nivel educacional, formalidad en el trabajo y región en la que residen), es decir, nuevas desigualdades dentro de la gran desigualdad.

De esta manera, la realidad que aquí se devela termina siendo contradictoria con la implementación, en primer lugar, del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) implementado desde 1994[5] para trabajar en pos de la equidad de género y del justo reconocimiento a las mujeres en el conjunto de las políticas públicas (SERNAM, 2011:22). Y también, del Sistema de Equidad de Género[6] introducido en el año 2005, en el Programa para el Mejoramiento de la Gestión (PMG), el cual tiene relación con los procesos transversales de gestión comunes a todas las instituciones públicas, y considerados necesarios para contribuir con procesos de mejoramiento de la gestión (Dirección de Presupuestos – Servicio Nacional de la Mujer [DIPRES – SERNAM], 2009:3). Crítica que ya ha sido puesta sobre la mesa por organismos internacionales como el PNUD[7].

Por lo tanto, y para culminar con este primer ejemplo, cabría sostener que si bien estos programas podrían ayudar a mejorar las remuneraciones, y con ello, la condición social de las mujeres, en el caso de que éstas se capaciten, no necesariamente contribuyen a disminuir la brecha existente entre ellas y los hombres por el mismo trabajo realizado, es decir, se mantiene la posición asimétrica a pesar de la existencia de estos dos grandes planes estratégicos que deberían orientan el quehacer de las políticas públicas en el reconocimiento práctico, la disminución y la erradicación de estas desigualdades de manera transversal.

Y en segundo lugar, lo concerniente al ámbito del trabajo – vida familiar, es posible indicar que estos aspectos se encuentran estrechamente relacionados con el área de la capacitación, ya que se evidencia una correlación de estos aspectos en las trayectorias de vida de las mujeres, debido al doble rol (e incluso triple si somos rigurosas) que enfrentan en su quehacer diario, al constituirse como madres y trabajadoras.

Desde esta perspectiva, vale la pena incorporar en el debate de la desigualdad de género, un hecho medianamente reciente y que ha abierto el debate en torno a esta relación mujer – trabajo – familia: la puesta en marcha de la Ley 20.545, la cual modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental que entra en vigencia a partir del mes de Octubre del año 2011. Esta ley tiene como finalidad extender el descanso postnatal de 12 a 24 semanas a través de la creación de la figura del “permiso postnatal parental”, sin embargo, ello resulta ser una de las leyes más polémicas en los últimos tiempos en materia de derechos laborales de las mujeres (Moraga, 2012:354), puesto que, desde un análisis simbólico de género, esta reforma legal fortalece y perpetúa el imperativo cultural que delega únicamente en las mujeres la responsabilidad de la reproducción, al sostener que el trabajo de cuidado, labores domésticas y la crianza son destino y responsabilidad propia de ellas, y no un asunto que compete a la sociedad en su conjunto (Maira, 2011:37). Así, las razones que dan sentido y lógica a estas afirmaciones, se exponen en las siguientes líneas.

Esta ley reproduce las desigualdades señaladas, ya que conseguiría ratificar que el cuidado de los hijos es un cargo casi exclusivo y excluyente de las mujeres y, de manera obligatoria, se le priva irrenunciablemente por al menos 30 semanas íntegras de reincorporarse a sus labores remuneradas fuera del hogar (Moraga, 2012:358), por lo que la intención de fomentar la “corresponsabilidad” no sería real, ya que la opción para los padres de hacer efectivo el permiso parental no es obligatorio para ellos, como si lo es para las mujeres, sino que es optativo, por lo que éstas prácticas tenderían a acentuar y reproducir aún más la arcaica división sexual del trabajo: hombre: trabajador y proveedor / mujer: labores domésticas y de reproducción. Por ende, querámoslo o no, en el debate sobre el postnatal, esa inconmensurable madre pilar del sistema patriarcal que tenemos en el cuerpo nos pasó la cuenta (Maira, 2011:38).

Por otro lado, en cuanto a la corresponsabilidad, habría que avanzar hacia un concepto más amplio de la misma, y entender la armonía trabajo – vida familiar, no sólo desde el punto de vista hombre y mujer, como si estuviesen ajenos al mundo exterior, sino que se debiese incorporar también a la sociedad civil en su conjunto, al Estado mediante sus diversas instituciones y políticas públicas mediante una consolidación real de transversalización de género. Ya que, la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, inscrita a su vez en la redistribución de las tareas reproductivas entre el Estado, el mercado y las familias, sigue siendo el punto ciego de las políticas públicas de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010b:29), principalmente porque éstas tienden a ser políticas públicas destinadas solo a las mujeres, lo cual se transforma en un sesgo de género letal.

Contrariamente a lo que sucede en Chile, Castro y Pazos (2007:199) establecen que dentro de los países europeos Islandia refleja el acierto de la reforma radical acometida en el año 2.000, por la que se establecieron 3 meses de permiso intransferible para las madres, 3 meses intransferibles también para los padres y otros tres meses a dividir entre ambos de mutuo acuerdo, aunque aún estos últimos tres meses son en mayor proporción utilizados por las madres, resulta llamativa la tendencia positiva de crecimiento en los días de permiso remunerados para los hombres. Este último ejemplo refleja la magnitud que puede tener, en la corresponsabilidad y, por ende, en la igualdad de género, la instauración de un permiso de posnatal intransferible.

En sintonía con lo anterior, a simple vista resulta evidente sostener que para las mujeres, al fin y al cabo, termina siendo atractiva la oportunidad de permanecer con sus hijos e hijas recién nacidos/as por un período extendido de tiempo, pero el costo podría ser finalmente social y lo terminarán pagando las mismas mujeres trabajadoras de Chile (Moraga, 2012:362), puesto que se continuará estigmatizando a las mujeres como quienes tienen la responsabilidad casi exclusiva del cuidado de los/as hijos e hijas y, por añadidura, conllevará a mantener la desincentivación en la contratación de mujeres en cargos de alta responsabilidad, capacitación y especialización.

A raíz de lo anterior, vale la pena enfatizar sobre la necesidad de trabajar en la erradicación de la arcaica percepción, casi mitológica a estas alturas, que se posee respecto a que la mano de obra femenina es más cara que la de los hombres (Fantuzzi, 2011 citado en Moraga, 2012:361), ya que esta cuestión fue desmitificada por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y PNUD, donde además de destacar la baja incidencia anual de los embarazos, se señala que los gastos asociados a licencias médicas y descansos de maternidad son más bien de cargo de la seguridad social y del sistema de previsión proveniente de los propios aportes de las trabajadoras (OIT et al, 2009 citado en Moraga:361). Ya que contradictoriamente, en la realidad, el costo laboral más alto es asociado a los hombres por la accidentabilidad laboral, producto de la distribución de los tipos de trabajo más riesgosos en este género (SENCE, 2009:8).

De esta manera, se considera relevante sostener que la tarea de cambiar la visión y las prácticas culturales es un deber y una obligación a nivel de país en términos de derechos humanos y de justicia social, y por ende a nivel de Estado, mediante la promoción de políticas públicas de inclusión e integración social entre hombres y mujeres, lo que implicaría ejercer medidas acción positivas que permitan cambiar el paradigma de subordinación y discriminación hacia las mujeres en los diversos ámbitos de la vida donde se visualizan inequidades en el punto de partida. Pero por lo visto, la ley 20.545 está muy lejos de lograrlo, puesto que incentiva el círculo vicioso de aceptación y naturalización de los roles asociados al sexo, y hace una defensa irrestricta a la masculinidad hegemónica reinante y un flaco favor a la igualdad de género, pues nunca entró en la discusión de la ley la naturalización de la maternidad, el rol innato de las mujeres en la reproducción y el cuidado (Maira, 2011:35). Esta situación se torna lamentable, ya que se tiende a invisibilizar los derechos sexuales de las mujeres.

En cuanto a lo relacionado netamente con la vida familiar, es posible sostener que según los dos puntos descritos precedentemente, pueden dar luces de por qué al hablar de la situación de las mujeres en el país tendemos a asociarlas con la vida familiar desde una perspectiva irrenunciable, como si fuese solamente un tema que les compete a ellas, es decir, no hay una visión real de corresponsabilidad como un deber social[8]. Asimismo, y concordando con lo planteado por Guerrero (2005:10), un factor influyente en que esta realidad sea tal, es la mirada que tiene el Estado a la hora de fomentar políticas sociales de resguardo de la vida familiar, no atendiendo al problema de fondo de las desigualdades de género, por lo cual apremian cambios estructurales, situación que tiene relación de ser en la mirada atomizada que impide visualizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de manera global. De esta manera, se propone generar cambios en las políticas y programas existentes, robusteciendo la perspectiva de género de manera transversal y así asegurar que el accionar del aparato público no tenga efectos desiguales y discriminatorios.

Coincidiendo con la autora citada previamente, la ley 20.545 terminaría cayendo en una trampa muy difusa pero común en la región, ya que en la mayoría de los códigos laborales y regulaciones específicas de América Latina, la dicotomía de la desigualdad de género, se resolvió priorizando la protección a la maternidad y no la igualdad (CEPAL, 2010b:28). Por lo tanto, el mismo Estado, o más bien el Gobierno de turno, si pensó que con la implementación de esta ley iba a contribuir a avanzar hacia la “equidad de género”, pues bien, está lejos de lograrlo, ya que urge diferenciar esos dos procesos, que aunque relacionados son diferentes en la realidad práctica, ya que la superposición o confusión entre uno u otro puede conllevar a segregar aún más a las mujeres en la vida pública y perjudicarlas en su desarrollo personal pleno.

Finalmente, resulta de importancia indicar que hacer alusión a las brechas existentes que diferencian a hombres y mujeres en la inserción en el mundo del trabajo no sería un hallazgo novedoso, pero es una realidad que no podemos seguir naturalizando, ya que resulta ser aún más degradante que las mujeres que efectivamente logran trabajar lo hacen en condiciones de mayor precariedad, como menores ingresos salariales, menores niveles de contratación, menor proporción de cobertura previsional, mayor rotación y menor desarrollo laboral, en el sentido de que las posibilidades de promoción y capacitación son más bajas (Comunidad Mujer, 2011:4). Por ende, es obligación del Estado y de sus instituciones, no dejar de mirar y de cuestionar lo aquí planteado, aunque esto pueda correr el riesgo de sonar repetitivo y tedioso. De ahí entonces, la necesidad de complementar ambas dimensiones recíprocamente.

No obstante, desde una dimensión sociológica, podemos hacer alusión también a algunos aspectos que plantea Bourdieu (1998:8) y que tienden a reforzar lo planteado en este trabajo. El autor evidencia la existencia de ciertas estructuras responsables de la eternización de la división sexual del trabajo, donde es precisamente el Estado[9], al ser uno de los encargados de ejercer la socialización diferenciadora a lo largo de la vida de hombres y mujeres, quien afianza aún más estas desigualdades y los mecanismos de opresión entre ambos, las cuales tienden a ser naturalizadas tanto por la sociedad como por las instituciones. Bourdieu, acuña el concepto de violencia simbólica para ejemplificar lo anterior, al ser un tipo de violencia silenciosa e invisible a primera instancia, que precisamente legitima estas arbitrariedades que menoscaban a la mujer y a lo femenino, pues está arraigada en patrones culturales reproducidos día a día.

En resumidas cuentas, sería necesario volver al tema de la corresponsabilidad social, y sostener, en virtud de ella, que se requiere un nuevo papel del Estado, del mercado y las familias, incluida la corresponsabilidad entre hombres y mujeres; nuevos tipos de servicios; nuevas formas de organización de la vida cotidiana, y también, de los organismos públicos y privados (CEPAL, 2010b:8), es decir, el tema de abordar la desigualdad de género pasaría principalmente por el papel que el Estado debiese tener en resguardar e intencionar la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres.

Rerefencias Bibliográficas

Bourdieu, Pierre. (1998). La dominación masculina. París, Francia: Editorial Anagrama.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). Desarrollo Humano en Chile. Género: Los desafíos de la igualdad. Santiago, Chile.

 Servicio Naiconal de la Mujer (2011). Programa de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2011 – 2020. Santiago, Chile.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

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 Moraga, C. (2012). Otra mirada al impacto de la ley N° 20.545 que establece el permiso postnatal parental en Chile. Lan Harremanak, 353 – 363. Recuperado en Junio 2012. Disponible en: http://www.ehu.es/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/6192/5840

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 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (18 de Diciembre de 1979). Recuperado en Junio 2012. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm



[1] México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985;  Beijing, 1995; Nueva York, 2005; Nueva York, 2010; entre otras.

[2] El concepto se refiere principalmente al trabajo no remunerado, como las labores domésticas o crianza de los hijos e hijas. Según la CEPAL, estas actividades demostrarían la contribución de estas tareas al desarrollo económico, y deja al descubierto que las relaciones sociales están además impregnadas de valores culturales que caracterizan el trabajo de cuidado como una cualidad femenina (CEPAL, 2009, 2010b:20).

[3] Chile está muy debajo de lo que son los promedios de participación femenina en América Latina (53%) y de los países que conforman la OCDE (65%) (CEPAL, 2009 citado en PIO, 2011:40)

[4] La franquicia tributaria de capacitación es un incentivo tributario para que las empresas deduzcan de sus impuestos la inversión que efectúan por concepto de capacitación de sus trabajadores y trabajadoras (Fuente: Sitio web www.sence.cl).

[5] La versión más reciente del PIO corresponde al intervalo 2011 – 2020, publicado por el actual Gobierno en el año 2011.

[6] El Sistema de Enfoque de Género del PMG se propone avanzar en la incorporación de análisis de género en los procesos de provisión de bienes y servicios aportando a un mayor conocimiento de las necesidades específicas de usuarios y usuarias, y con ello ha ido adecuando la oferta pública para responder de mejor forma a las inequidades de género presentes en nuestro país. De esta manera se ha avanzado en los objetivos de eficacia y eficiencia de la  gestión pública, y de equidad y calidad de las políticas públicas (DIPRES-SERNAM, 2009:4).

[7] Ver “Desarrollo Humano en Chile. Género: Los desafíos de la igualdad” (2010).

[8] Por lo mismo, no debiese sorprender que la comisión asesora presidencial tenga el nombre de “Mujer, Trabajo y Familia”.

[9] Además del Estado, para Bourdieu, la escuela, la iglesia y la familia, serían las otras tres estructuras que tienden a la reproducción de la desigualdad de género mediante la socialización diferenciadora a lo largo de la vida entre hombres y mujeres.

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